Isabel Cristina Pardo: la emblemática lucha de una defensora de DD.HH en el Tolima

Isabel Cristina Pardo es una defensora de derechos dumanos en el departamento del Tolima, quien nació en Ibagué en el año 1953. Fue criada en una familia de clase media; su papá, Misael Pardo, era ingeniero civil y fue quien marcó en ella el respeto por los demás; su mamá, doña Edilma González, fue la contraparte de la crianza, cuya disciplina atizó la rebeldía que en el colegio la motivó a quitar la mano cuando bajaba la regla castigadora de las monjas y, en la universidad, a exigir los derechos estudiantiles vulnerados de la naciente carrera de auxiliar de enfermería.

Esta mujer de tez blanca, estatura baja, ojos negros, labios pequeños y de cuerpo delgado, que denota paciencia y ternura, decidió entregar su vida por la garantía de los derechos de los más vulnerables. En el año 1995 con el lema “la resistencia social, un deber de todos” se sumó a las jornadas de movilización a raíz de la crisis cafetera convocada por campesinos del norte del Tolima en el parque Murillo Toro, en el centro de Ibagué.

Sobre ello, Pardo dice que “hicimos cambuches de plásticos y hasta atendimos partos de algunas compañeras”. Luego de las negociaciones con el gobierno departamental, el movimiento consiguió algunas reivindicaciones y la creación de la Asociación de Pequeños y Medianos Agricultores del Norte del Tolima, Asopema, una organización que se convertiría en un referente histórico para las luchas campesinas del país.

Te interesará: Según defensores de los Derechos Humanos: 4 hechos victimazantes predominan en Colombia

Desde este espacio se dio cuenta de que su lucha debía estar al lado del campesinado. Paradójicamente, mientras se daba a conocer por las comunidades, llegaban amenazas de muerte para ella y sus compañeras sindicales. Cuenta esta defensora “un día íbamos caminando tranquilas con Flor Munera, otra compañera emblemática del sindicalismo en el Tolima, cuando escuchamos una moto muy cerquita. De repente, sonó un clip, nosotras volteamos a ver y eran dos tipos con un arma”, dice Cristina que jamás olvidará ese sonido.

Afortunadamente los hombres no tenían claro quién era su víctima. Ese hecho hizo que Munera saliera del país y a ella le tocara asumir la dirección del Comité de Solidaridad con los Presos políticos, CSPP.

Esto pasó en el año 1998, en la época se empezaban a escuchar casos de asesinatos, desapariciones y amenazas. “Solo teníamos la fuerza en la voz, una máquina de escribir y la voluntad para ir al lugar de los hechos”. Esta defensora de los derechos humanos emprendía viajes hacia el norte y sur del departamento, zonas donde hacía presencia las Farc y los paramilitares, “llegaba con mi escudo, que es un certificado de defensora de derechos humanos”. manifiesta Pardo.

Dos años después, en el año 2000, líderes de Asopema quedaron en medio del fuego cruzado con la creación del Bloque Tolima de los paramilitares, conformado por hombres traídos por los hermanos Castaño desde Córdoba y Urabá, por Ramón Isaza desde el Magdalena Medio y por el Bloque Centauros de los Llanos. A los pocos meses, comenzaron a masacrar a los voceros, esto con el objetivo de controlar los municipios del Líbano, Mariquita, Fresno, Lérida, Armero, Guayabal y Falan “repoblaron la región con gente que venía de lugares donde había una mayor aceptación del proyecto paramilitar, para poder garantizar así el poder territorial”, explica Cristina.

Lee:  Resiliencia y perdón, las historias detrás de los buscadores de Víctimas de Desapariciones Forzadas

Masacre de Parroquias

El 17 de junio del 2001, Cristina estaba en la oficina del Comité de solidaridad, cuando llegó un señor proveniente del municipio de Palocabildo a pedir su ayuda, pues su hija y su yerno habían desaparecido. Se trataba de la familia Chitiva quien buscaba a Yeimi Chitiva y Reinaldo Parra Parra. La defensora relata que tomó los datos e hizo el debido proceso para ponerlo el caso en conocimiento de la Fiscalía.

Un mes después, los paramilitares llamaron a los familiares, para avisarles que tenían secuestrada a su hija y su compañero desde el 10 de junio. Los liberarían con la condición de que ellos llegaran hasta la vereda Parroquias municipio de Mariquita, Tolima.

Fue así como el 16 de julio de 2001 las Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio, Acmm, los retuvieron en la vía entre Fresno y Mariquita y allí los asesinaron. Las víctimas eran José Orlando Ortíz Rodríguez, Isabel Guzmán Perdomo, Luz Mila Rincón Castaño, Otoniel Murillo González, Luciano Parra Parra, Hernando Parra Parra, y Ángel María Parra Parra.

Al otro día, Camilo, un líder del proceso del municipio de Líbano, llamó a la oficina del CSPP para avisarle a Cristina de la tragedia. Esta, sin pensarlo, viajó al municipio de Palocabildo, Allá sistematizó los relatos y con un grupo de conocidos llegó a Parroquias. Con tan mala suerte, que las autoridades ya se habían llevado los cuerpos al municipio de Lérida.

Menciona Pardo que los habitantes de esa vereda no decían ni una sola palabra, “era como si le hablara al viento, se sentía un silencio perpetrador, el miedo se sentía hasta los huesos”, lo único que pudo hacer esta mujer fue escalar el caso hasta las autoridades nacionales.

Te recomendamos: La vicepresidenta Francia Márquez respaldó el programa de ‘Jóvenes en Paz’

Masacre de Frías 

Dos meses después, el 15 de septiembre del mismo año, un líder del municipio de Falan llama a la defensora para informarle que en la vereda Frías habían asesinado a 15 personas.

Cuando Isabel Cristina se enteró de esta noticia, llegó al lugar a reconstruir la historia y realizó el informe: “hacia las 22h00, el grupo paramilitar autodenominado Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) Bloque Tolima, llegaron en dos motos, un carro y un camión, al tiempo que disparaba indiscriminadamente contra un grupo de jóvenes, quienes huyeron logrando salir ilesos; luego, los vehículos avanzaron hacia el centro de la plaza en donde cerca de veinte hombres se bajaron y se dirigieron hacia el atrio de la Iglesia desde donde dispararon contra la cafetería de nombre Murillo asesinando a varias personas y dejando heridas a otras”.

"Posteriormente, uno de los hombres armados se dirigió a un billar de nombre El Olivo, gritándole a la gente que se arrojara al suelo. Cuando las personas se tendieron boca abajo, empezó a disparar contra ellas, asesinando a siete personas. Al salir del billar, lanzaron una granada contra la cafetería Murillo, destruyéndola completamente. Luego se dirigieron a los baños de la misma con el fin de rematar a otras dos personas que se habían escondido allí. Cuando los paramilitares salían del caserío, gritaron a la gente que la siguiente acción se haría en el municipio de Palocabildo”.

Este documento sería pieza clave para encontrar a los responsables de los hechos y fuera declarado como un acto de lesa humanidad.

En el 2005, el expresidente Álvaro Uribe Vélez, comunicó que se aprobó la Ley de Justicia y Paz. Durante este periodo se desmovilizaron 31.671 combatientes en los 38 actos de desmovilización. De otro lado, la Corte Constitucional exigió a los comparecientes que debían confesar todos sus delitos y de no ser así perderían los beneficios jurídicos que otorgaba la ley. Por esto que el jefe paramilitar, Walter Ochoa Guisao, alias "El Gurre", excomandante del Frente Omar Isaza (Foi) de las Acmm, se responsabilizó de estas masacres por “línea de mando”. Esto, sumando al informe del Comité de Solidaridad liderado por Isabel Cristina Pardo, logró la verdad para las víctimas, así como su reparación integral.  

Para el 2019, el Consejo de Estado, el Ministerio de Defensa, el Ejército y la Policía, fueron declarados administrativamente responsables por los daños y perjuicios. En ese sentido, el general William René Salamanca Ramírez, inspector general de la Policía estuvo en la plaza pública de Frías, donde pidió excusas a las familias afectadas, tal y como lo ordenó el Consejo de Estado.

Hoy Cristina tiene más de 70 años de edad, ha dedicado toda una vida a la defensa de los derechos humanos, es un referente histórico y hace parte del equipo de buscadoras y buscadores de personas dadas por desaparecidas en el marco del conflicto armado. Dice que su deber está al lado de los más vulnerables y planea terminar su vida compartiendo los conocimientos para que esta labor humanística y solidaria no se quede en el olvido.