Un 16 de octubre de 2002, más de 3 mil miembros del Ejército, liderados por el entonces general Mario Montoya y la Policía se tomaron la Comuna 13 de Medellín, en la denominada operación Orión.
21 años después, la Sección de Ausencia de Reconocimiento del Tribunal Especial para la Paz lideró en Medellín una audiencia de seguimiento a las medidas cautelares decretadas en la Comuna 13, el magistrado Gustavo Salazar se pronunció acerca de tres operaciones de la Fuerza Pública que terminaron en civiles asesinados y desaparecidos, entre ellas Orión.
En Señal de la Mañana, de Radio Nacional de Colombia, Adriana Arboleda, coordinadora del área de víctimas de la Corporación Jurídica Libertad, quien se refiere al trabajo de la organización sobre los hechos que rodearon esta operación militar.
“Hemos venido trabajando desde antes de las operaciones militares, luego hemos acompañado a las víctimas. Ha sido un proceso de lucha para garantizar que se reconozcan los derechos de las víctimas,”, explica Arboleda.
"Hoy en día nadie duda de que esas operaciones militares se dieron conjuntamente con el paramilitarismo (...) Estos hechos no pueden seguir en la impunidad", dijo la coordinadora del área de víctimas de la Corporación Jurídica Libertad.
También aseguró que en el país sigue la desaparición forzada: “estamos atendiendo los casos de las nuevas desapariciones forzadas. Hoy tenemos un gran número de desaparecidos”.
Operación Orión
La operación que se presentó como un intento por pacificar esta zona que se caracterizaba por la presencia de bandas criminales en la capital antioqueña “inició el 16 de octubre del 2002 fue la entrada en vigor de la Seguridad Democrática del expresidente Vélez”, asegura Adriana Arboleda.
En esta operación, cuenta la coordinadora del área de víctimas de la Corporación Jurídica Libertad, participaron alrededor de 7 batallones. “Fue una operación que se diseñó y se llevó a cabo con el apoyo de los paramilitares”, agrega Arboleda.
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“Toda la comuna 13 fue confinada por un espacio de dos semanas. Hubo ametrallaminetos, hubo desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales”, agrega la defensora de Derechos Humanos.
Seguridad Democrática
“La política de Seguridad Democrática fue una estrategia de graves violaciones a los derechos humanos", expresa Adriana Arboleda.
"El expresidente Uribe tiene una gran responsabilidad en las graves violaciones a los derechos humanos que se cometieron en Antioquia desde cuando fue gobernador", agregó la coordinadora del área de víctimas de la Corporación Jurídica Libertad.
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