Gobierno volverá a presentar ley de ratificación del acuerdo de Escazú

Luego de las críticas sobre el hundimiento del acuerdo de Escazú en el Congreso de la República, el ministro de Ambiente, Carlos Eduardo Correa, aseguró que el Gobierno volverá a presentar la norma.

“La ratificación del Acuerdo de Escazú es una prioridad para el Gobierno del presidente Iván Duque. Así lo demostramos cuando se radicó con mensaje de urgencia y así seguirá siendo. Por eso, volveremos a presentarlo para que haga curso en el Congreso en la nueva legislatura”, dijo Correa.

Cabe anotar que desde la oposición aseguraron que denunciarán al presidente Iván Duque ante el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, por el hundimiento de la norma.

El acuerdo de Escazú es un compromiso internacional que busca mejorar el acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales para los países de América Latina.

Luego de las manifestaciones de 2019, el presidente Duque dijo que uno de los compromisos más importantes que habían surgido de la gran conversación nacional había sido la firma del acuerdo al que solo le faltaba la ratificación por parte del Congreso.

La norma fue presentada y radicada con mensaje de urgencia el 20 de julio de 2020, con la firma de la entonces canciller Claudia Blum, la entonces ministra de Justicia Margarita Cabello, el entonces ministro de Ambiente, Ricardo Lozano, la entonces ministra del Interior, Alicia Arango, y la entonces ministra de Cultura, Carmen Inés Vásquez.

Esta vez el acuerdo de Escazú tenía que ser discutido por las Comisiones Segundas conjuntas de Senado y Cámara, pero debido al inicio de la plenaria en una de las corporaciones no fue posible terminar el debate y terminó por hundirse. La iniciativa ya había tenido dos foros para resolver las dudas que se habían presentado, pero eso no fue suficiente.

El hundimiento del proyecto también afecta el compromiso que junto a otras 23 naciones había adquirido Colombia en la conferencia Río+20. Hasta ahora el tratado ha sido ratificado por Argentina y México, los últimos, como ya lo habían hecho Antigua y Barbuda, Bolivia, Ecuador, Guyana, Nicaragua, Panamá, Saint Kiss y Nevis, San Vicente, Granadinas, Santa Lucía y Uruguay.

El senador Iván Cepeda anunció que enviará una comunicación al secretario general de la ONU, António Guterres, informando que, a su juicio, el presidente Iván Duque, su Gobierno y sus bancadas en el Congreso de la República obstruyeron objetivamente la ratificación del acuerdo.

Según el senador, el Presidente incumplió su compromiso ante la Asamblea General de la ONU, de que el Congreso aprobara el proyecto de ley mediante el cual se buscaba ratificar el Acuerdo de Escazú, firmado por 24 países. En su convocatoria a sesiones extraordinarias no incluyó dicha ratificación.

“Este instrumento internacional es fundamental para la protección del medio ambiente, en tiempos de cambio climático y grandes desastres naturales por los efectos que está ocasionando este fenómeno” agregó Cepeda.

Señaló que el gobierno en vez de convocar a sesiones extraordinarias e incluir esta ratificación, el presidente Duque convocó para otro proyecto que no tiene la misma jerarquía y transcendencia ante este compromiso internacional.

En ese sentido, el senador Antonio Sanguino sostuvo que esta fue una maniobra política por parte del partido Centro Democrático, para evitar que se votara el proyecto.

“Hoy quedó en evidencia la estrategia del Centro Democrático de hundir el Acuerdo de Escazú; un instrumento internacional que no les gustaba, porque protegía el ambiente, el territorio y la vida y labor de los defensores ambientales”, dijo.

“Todas estas maniobras dilatorias y este saboteo han sido permitidos por el presidente Iván Duque, que se lavó las manos radicando el proyecto de ratificación con mensaje de urgencia y ha dejado que se hunda por el saboteo de su propia coalición en el Congreso, eso debe quedar claro, el presidente debe dejar de engañar a la comunidad internacional y la ciudadanía diciendo que apoya Escazú y permite estas maniobras”, señaló Sanguino.

Sin embargo, el representante Juan David Vélez, del Centro Democrático, sostuvo que el riesgo de aprobar la norma, como estaba escrita, generaba vacíos jurídicos en Colombia, que podrían llevar a perder soberanía jurídica en materia ambiental.

Para el representante, con la ratificación cualquier organismo internacional podría intervenir en los desarrollos productivos del país.