Apretada agenda de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Colombia

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos -CIDH- inició su primer día de trabajo en Colombia, en donde escuchará de forma presencial y virtual a más de 2.000 personas que se registraron ante el organismo.

En esta jornada se reunió con miembros de la sociedad civil y con el Gobierno Nacional. La Comisión visitó Bogotá, Cali, Popayán, Tuluá y Buga, donde habló con distintas organizaciones de la sociedad civil, así como miembros del gobierno local y regional, con el objetivo de tener un panorama claro sobre los excesos y abusos que se han cometido durante el paro nacional.

En la mañana de este martes la Comisión se reunió con el presidente de la República, Iván Duque; la vicepresidenta y canciller, Marta Lucía Ramírez; el embajador de Colombia ante la OEA, Alejandro Ordóñez; la consejera presidencial para los Derechos Humanos, Nancy Patricia Gutiérrez; y varios ministros de despacho entre los que estuvo el ministro de la Defensa, Diego Molano, quien explicó el contexto de las actuaciones de la fuerza pública en el país.

Según dijo la canciller, en la reunión el gobierno hizo énfasis en que en Colombia se debe proteger el derecho de los ciudadanos a expresarse libremente, garantizar el derecho a la protesta pacífica como lo dicen los tratados internacionales.

“Además se le ha explicado a la CIDH, durante las distintas intervenciones, que el Estado está en su derecho y obligación de proteger a la ciudadanía, proteger la democracia, los bienes públicos y la propiedad privada que se han visto bajo asedio de un grupo minoritario que aprovechó la protesta pacífica para darle muerte a tantas personas y eso es lo que debe investigar la justicia colombiana”, dijo Ramírez.

Sostuvo que ningún hecho puede quedar en la impunidad, “ni toda la criminalidad que se ha desplegado, porque hemos visto una gran cantidad de criminales, 40 mil armas ha incautado la fuerza pública, esto son personas que salieron a una protesta no de forma pacífica sino armados y con la intención de destruir. Ni tampoco lo estará cualquier miembro de la fuerza pública que se haya extendido en sus funciones o hubiera cometido un abuso de autoridad. Esperamos que estas investigaciones demuestren que nadie está exento de cumplir con la ley y nadie estará por fuera de la justicia”.

Joel Hernández, miembro de la CIDH, viajó a Cali donde se reunió con el alcalde Jorge Iván Ospina, y los concejales; Stuardo Ralón viajó a Popayán, donde visitó la Unidad de Reacción Inmediata - URI y el Instituto de Medicina Legal, que fueron incinerados en una de las jornadas de protesta.

Por otro lado, la secretaria ejecutiva Tania Reneaum se reunió con el alcalde, con el personero y con la Policía de Tuluá, y también visitó el Palacio de Justicia y pudo conversar con jueces de esa jurisdicción.

“Hoy me he desplazado a Popayán, escuché en terreno a las víctimas, familiares de víctimas y organizaciones. Entre ellas me reuní con el señor Fabián Quintero, padre de Sebastián Quintero, quien lamentablemente perdió la vida en el marco de las protestas”, dijo Ralón.

La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Tiene el mandato de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. Y está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia.