Contraloría revela hallazgos por más de 132 mil millones de pesos en La Guajira
La Contraloría encontró 30 hallazgos fiscales por 132 mil millones de pesos luego de una auditoria hecha a recursos de regalías durante el 2022 en el departamento de La Guajira, así lo informó desde Riohacha el contralor Carlos Hernán Rodríguez, quien aseguró “esto es terrible para un departamento como La Guajira”.
Según el ente de control del total de los hallazgos 37 mil millones de pesos corresponden a recursos de OCAD Paz, y el mayor detrimento lo presenta obras de construcción y mejoramiento de escenarios deportivos en municipios como Riohacha y La Jagua del Pilar.
“Riohacha registró un hallazgo fiscal por más de 14 mil millones; esta es una obra que fue entregada, pero no está disponible para el uso de la comunidad ya que las instalaciones se encuentran en mal estado y en condición de abandono”, indica el informe de la Contraloría.
Otros proyectos cuyas obras están inconclusas o no prestan servicios a la comunidad, tienen que ver con la construcción de sistemas de acueductos y alcantarillado, planes de adaptación al cambio climático, construcción de viviendas de interés prioritario, proyectos de seguridad alimentaria.
“Los hechos declarados de impacto nacional tienen como entidades afectadas a la Gobernación de La Guajira, los municipios de Riohacha, Maicao, San Juan del Cesar, Villanueva, La Jagua del Pilar y Manaure, la Empresa de Acueducto, Alcantarillado, Aseo y Energía Eléctrica del Municipio de Uribia E.S.P. y la Red Colombiana de Instituciones de Educación Superior -EDURED-ALDESARROLLO” dice la Contraloría.
Plan de desarrollo 2018-2022 no le cumplió a la niñez
Desde La Guajira, el contralor general de la República también alertó sobre el incumplimiento de los compromisos del Plan Nacional de Desarrollo 2018 – 2022 con la situación nutricional de los grupos indígenas del país, especialmente de la etnia wayuu.
“De acuerdo con las cifras del Sistema de Salud Pública (SIVIGILA), con corte a 5 de noviembre de 2022, se tiene que 32 niños y niñas menores de 5 años habían muerto a causa de la desnutrición en este departamento, concentrando el 18% de estas muertes a nivel nacional, 26 de ellos pertenecientes al Pueblo wayuu, mientras que otros 1.624 están sufriendo desnutrición, concentrando el 9% de los casos a nivel nacional” explicó el contralor.
Es preciso indicar que una de las principales causas de la muerte de niños y niñas indígenas tiene que ver con la falta de agua potable en los territorios, sin embargo, en la más reciente investigación, la entidad abrió procesos de responsabilidad fiscal por más de 3 mil millones de pesos, por presuntos daños fiscales en la construcción de 12 pozos que no cumplieron las condiciones para convertirse en soluciones reales y efectivas de abastecimiento del vital líquido para las comunidades wayuú que carecen de este servicio.
Por otro lado, la Contraloría también encontró que hay deficiencia en la infraestructura de los Centros de Atención Comunitaria, a través de los cuales el ICBF brinda servicios a la primera infancia.
“Ante estas situaciones, la Contraloría General de la República adelantará en el primer semestre de 2023 una auditoría de cumplimiento de la Sentencia T-302 de 2017, incluyendo el Auto 696 de 2022 que ordena el diseño y puesta en ejecución de un Plan Provisional de Acción que permita el goce efectivo los derechos fundamentales de los menores de edad protegidos por dicha sentencia” infirmó la Contraloría.
