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Radican proyecto para endurecer penas por delitos contra la Fuerza Pública

Solo en Bogotá, en el último mes y medio, alrededor de 7.033 personas fueron capturadas, según el Ministerio de Defensa.
Foto: Presidencia de la República.
Colprensa

El Gobierno Nacional, en cabeza de los ministros de Defensa, Diego Molano, y del Interior, Daniel Palacios, radicó el proyecto de Ley que denominaron el 'Fortalecimiento a la Seguridad Ciudadana'.

Este proyecto, de acuerdo con Molano, incluye reformas al Código Penal y de Procedimiento Penal, al Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, al Código de Extinción de Dominio, Regulación de armas, elementos y dispositivos menos letales y sostenibilidad del registro nacional de identificación balística.

“Solo en Bogotá, en el último mes y medio, en el marco del plan de intervención de la Policía Nacional para la contención del homicidio, alrededor de 7.033 personas fueron capturadas, 6.133 en flagrancia y 9.387 por orden judicial. De las más de 6.000 personas capturadas en flagrancia quedaron en libertad 5.000, es decir, el 86 %, es por esto que este proyecto de ley busca generar soluciones estructurales a estos problemas”, informó Molano.

El Ministro de Defensa manifestó que se está fortaleciendo todo el espectro de la seguridad ciudadana, facilitando el desarme, desmantelamiento y judicialización a los criminales, y también se beneficia la Fuerza Pública, ya que se crea el derecho a la gratuidad en el acceso al servicio de transporte público masivo; atención preferencial y prioritaria por parte de las entidades del orden nacional, municipal y distrital y descuentos en tiquetes aéreos, hoteles y transporte público dentro del territorio nacional.

Este proyecto también busca modificar los artículos 310 (peligro para la comunidad) y 312 (no comparecencia) de la Ley 906 de 2004, con el fin de agravar nuevos comportamientos en contra de la convivencia y seguridad ciudadana, como el uso de armas de fuego, armas hechizas y armas menos letales y la resistencia a los procedimientos de captura.

Entre los ajustes que se esperan realizar a través de este acto legislativo al Código Penal se destacan:

- El aumento de las penas para el delito de homicidio cuando se cometa en contra de un miembro de la Fuerza Pública, estipulando una pena de 500 a 600 meses de prisión.

- Establecer como tipo penal la intimidación o amenaza con arma de fuego, armas y elementos menos letales, armas hechizas y armas blancas. (pena de 48 a 72 meses)

- Agravar la pena del delito de hurto en relación con las cuantías.

- Incluir como agravante del delito de daño en bien ajeno, la afectación a infraestructura destinada a la seguridad ciudadana, el sistema de transporte público masivo e instalaciones militares y de policía.

- Establecer como agravante del delito de instigación a delinquir, si la conducta se realiza para cometer hurto calificado o agravado, daño en bien ajeno.

- Establecer como situación de agravación punitiva al delito de perturbación en servicio de transporte público, el empleo de máscaras o elementos que oculten la identidad, ejecutar la actividad valiéndose de la calidad de servidor público, emplear armas de fuego o hechizas y ejecutar la conducta valiéndose de menores.

- Incluir dentro del tipo penal de porte y fabricación de armas, la utilización de armas, elementos o dispositivos menos letales.

- Establecer como tipo penal el porte de armas blancas cuando se porte en medio de transporte público o durante evento masivo.

- Incluir como agravantes dentro del delito de violencia contra servidor público, cuando la conducta se comete contra miembro de Fuerza Pública.

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