Rechazan participación del alcalde de Neiva en política
En medio de una profunda controversia avanza en Neiva la semana previa al día de elecciones, tras revelarse una serie de audios en los que el alcalde de esta capital, Gorky Muñoz Calderón, expresa abiertamente su respaldo a un candidato a sucederlo en el cargo, y anuncia que destinará recursos públicos y la contratación de 50 mil personas para apoyar ese propósito en la jornada de los comicios.
“Hoy quiero invitarlos de manera especial para pedirles el favor de forma personal, mirándolos a los ojos a todos, que le ayudemos a Wilker”, señala el alcalde en uno de los audios, grabado durante una reunión con quienes serían integrantes de su equipo de gobierno.
El candidato a quien se refiere el alcalde de Neiva es Wilker Bautista, quien hizo parte del mandato de Gorky Muñoz, y se retiró para aspirar a la Alcaldía de Neiva.
Muñoz agrega en el mismo audio: “Porque Wilker no es Wilker. Wilker es ustedes, Wilker es primero Neiva, este equipo”.
El alcalde añade que, para alcanzar esa meta, dispondrá de 50 mil personas el día de elecciones: “¿qué estructura puede contratar 50 mil personas para trabajar el día electoral? Esta es la única estructura que puede contratar 50 mil. Yo tuve 23 mil, Wilker va a tener 50 mil, porque yo voy a la fija. No nos vamos a quemar”.
La injerencia del alcalde de la capital huilense en la campaña electoral, divulgada inicialmente por el portal La Silla Vacía, generó rechazo de los demás aspirantes y de diferentes sectores sociales y políticos en Neiva y el Huila, que pidieron la intervención inmediata de la Procuraduría General de la Nación y de otros organismos de control, ante estos hechos y otras investigaciones que les han precedido.
De hecho, sobre Muñoz Calderón pesan otras decisiones. En primera instancia, la Procuraduría ordenó meses atrás la destitución del alcalde y lo inhabilitó por diez años para el ejercicio de cargos públicos.
Esa decisión fue adoptada por la Procuraduría Delegada Disciplinaria de Juzgamiento, que también se extendió al entonces secretario de Educación, Giovanni Córdoba; al actual secretario de Gestión del Riesgo, Armando Cabrera, y a Camila Ortega, secretaria de Mujer para la época de los hechos.
El caso tuvo que ver con dos contratos -el 682 y el 677, ambos de 2020-, en los que se evidenciaron irregularidades para publicitar medidas de prevención al inicio de la pandemia con Covid-19, y para alimentar a habitantes en condición de calle.
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En tanto, también la Procuraduría y la Fiscalía General de la Nación investigaron la contratación sin licitación pública para comprar mercados con destino al programa de alimentación escolar y de apoyo a adultos mayores, a comienzos de 2020, otorgados a un único contratista que fue aportante de la campaña electoral del actual alcalde.
