Según el ente de control, el vicepresidente habría cometido irregularidades en la firma del contrato para brindar asesoría en los proyectos ferroviarios de pasajeros y de carga en el país, por 8.375 millones de pesos.
“Se podría eventualmente invadir la competencia de las entidades territoriales que tienen dentro de sus funciones la gestión y administración de corredores férreos regionales o distritales y que, por ende, no le corresponden a la ANI planear ni modificar”, explicó la Procuraduría.
Ante estos hechos, el Ministerio Público busca establecer si el contrato, podría impactar proyectos como la primera y segunda línea del Metro de Bogotá; el Tren del Río, en Antioquia; el Tren de Cercanía, en el Valle del Cauca; el Tren Regional del Caribe, y los Regio Tram de Occidente y Norte, en Cundinamarca.
Además, la Procuraduría advirtió que no se explica la razón por la que se pactó la suma de 1.871 millones de pesos para esta clase de contratos y menos cuando se dejó al criterio del contratista.
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El ente de control también investiga si se incurrió en una infracción a la Ley de Contratación, pues se entregó de manera directa la ejecución de los trabajos a la SCI cuando se debía convocar un concurso de méritos.
El órgano de control también abrió investigación a los gerentes de Proyectos de la misma entidad, Libardo Alfonso Celis Yaruro y Adriana Bareño Rojas. Los tres investigados pueden solicitar ser escuchados en versión libre si así lo solicitan.