Presidente Petro rechaza propuesta de la Corte Suprema de excluir a la Agencia Nacional de Tierras de la administración de baldíos de la Nación
Este jueves, la Corte Suprema de Justicia radicó ante la Cámara de Representantes una proposición para trasladar a los jueces la facultad de adjudicar los baldíos de la nación. La administración del régimen de tierras está en el centro del debate de la Jurisdicción Agraria y Rural, pues actualmente está en manos del Estado y como lo explicó el presidente, es "la única válvula que existía desde hace décadas para democratizar la tenencia de la tierra y el acceso que la Constitución ordena".
Con la decisión de sectores de la Corte Suprema de justicia que aniquila la acción administrativa sobre la tenencia de los baldíos que pertenecen a la nación ha cerrado la única válvula que existía desde hace décadas para democratizar la tenencia de la tierra y el acceso que la… https://t.co/VMAN69XFf0
— Gustavo Petro (@petrogustavo) May 14, 2026
En entrevista para el Calentao informativo, la ministra de Agricultura Martha Carvajalino, explicó que actualmente hay consenso sobre 78 de los 79 artículos del proyecto de ley sobre la Jurisdicción Agraria y Rural. Según explicó, la controversia en el articulado radica en que el Gobierno busca que el Estado mantenga las facultades de identificación, recuperación y administración de los baldíos como ha hecho hasta ahora, y que ha permitido acciones como la adelantada recientemente por la Agencia Nacional de Tierras (ANT), cuando recuperó más de 6.100 hectáreas en Vichada que habían sido ocupadas indebidamente por un primo de Paloma Valencia y un excongresista.
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Según denunciaron académicos, la propuesta de la Corte Suprema de Justicia radicada ante el Congreso, eliminaría esa posibilidad, excluyendo a la ANT y trasladando esa función a los jueces. Para Carlos Duarte, investigador del Observatorio de Tierras de la Universidad del Rosario, esta iniciativa "rompe con décadas de institucionalidad agraria y desdibuja las competencias del Estado en materia de acceso y distribución de tierras".
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Por su parte, Sergio García Cardona, investigador y magíster en desarrollo rural, sostiene que se trata de una propuesta contraria a la Constitución de 1991, a la Ley 160 de 1994 y al punto 1 del Acuerdo Final de Paz sobre Reforma Rural Integral. "Un civilismo absurdo que condena al campesinado a una fase judicial que, a día de hoy, ha resuelto cero casos en disputas ante tribunales", asevera el académico.
Ante la propuesta, el presidente Petro afirmó que se "aniquila la acción administrativa sobre la tenencia de los baldíos que pertenecen a la nación", y llamó al movimiento campesino e indígena a expresarse sobre la medida.
📢 Desde el Coordinador Nacional Agrario, como organización campesina que ha adelantado una larga y ardua lucha por propuestas como la Reforma Agraria Integral y Popular y los Territorios Campesinos Agroalimentarios —iniciativas que han recorrido un amplio camino jurídico—… https://t.co/PtmDXSM4Vh
— Coordinador Nacional Agrario | CNA-Colombia (@CNA_Colombia) May 14, 2026
El Coordinador Nacional Agrario, una organización campesina de larga data en la historia del país, expresó su preocupación ante la medida, insitiendo al Congreso "en la necesidad de defender la separación de poderes y a no desconocer el régimen agrario".