Cientos de familias de más de 14 pueblos indígenas, completan más de 60 días ocupando el Parque Nacional Enrique Olaya Herrera en Bogotá. La crisis humanitaria, que se recrudece con el pasar de las horas y el fallecimiento de un menor de edad de un año y nueve meses, volvió a poner la lupa en esta comunidad.
Los pueblos indígenas aseguran que se han visto obligados a salir de sus territorios a causa del conflicto armado, bajo amenazas de grupos armados y por eso permanecen en el parque Nacional desde el pasado 29 de septiembre.
“Desde nuestro espacio de minga hemos solicitado una mesa de diálogo genuino que pueda adelantar una agenda que garantice los derechos individuales y colectivas de los pueblos indígenas”, aseguró la comunidad.
No obstante, aseguran que ni el Distrito, ni el Gobierno ha concretado con ellos acuerdos reales para dar cumplimiento a una política pública que los ayude a cumplir con sus garantías constitucionales.
Ante los rumores de un posible traslado desde el Parque Nacional hacia el Parque la Florida, en conversación con Colprensa, Jairo Montañez, líder de la comunidad Embera descartó que por ahora los indígenas vayan a salir del lugar.
“Por ahora el acuerdo al que llegamos es que va a haber una atención a la primera infancia, priorizando a la población de cero a dos años, en el tema de valoración y seguimiento nutricional, en compañía del ICBF (Instituto Colombiano de Bienestar Familiar) como la Secretaría de Salud”, dijo el líder.
Y agregó que, “no vamos a ir al Parque de la Florida bajo ninguna circunstancia” pues a su juicio, “hay unos problemas de convivencia, porque cuando algunos indígenas estaban acá se levantaron y eso generó una ruptura entre la gente… Además, no se tienen las condiciones mínimas en cuanto al trabajo, la salud y la educación”, dijo.
Montañez además aseguró que no se ha cumplido con la base de lo que ellos piden para movilizarse, que es una política pública enfocada en la población indígena, “todo en cumplimiento de unas acciones constitucionales… Ya hay sentencias estipuladas a favor de nosotros como víctimas y lo que pedimos es que el Distrito cumpla con las 62 acciones pactadas con el pueblo indígena de Bakatá”.
El pueblo indígena asegura que la única respuesta obtenida ha sido la negativa al diálogo, “la apertura de un proceso policivo para el desalojo por parte de la Secretaría Distrital de Gobierno, proceso que no cuenta con ninguna garantía legal o constitucional”.
Así mismo, los líderes indígenas aseguraron a este medio que en las brigadas de salud realizadas por órganos y entidades privadas, se reportaron las graves afecciones de salud de diferente índole, mayoritariamente entre los niños y niñas, mujeres lactantes o gestantes, razón por la cual emitieron una alerta temprana el 8 de noviembre de 2021, con copia a todas las entidades y al ministerio público.
Por lo anterior, aseguraron que los hechos en los que falleció el menor de edad, “son responsabilidad exclusiva de la Administración Distrital, por la omisión, desidia e incapacidad de los funcionarios y directivos del distrito, particularmente secretario y subsecretario de Gobierno en dar respuestas estructurales a las necesidades, que llevaron a que hoy tengamos que lamentar la pérdida”.
Ante esta muerte, el Distrito se pronunció y dijo que lamenta profundamente esta pérdida. Agregó que hace cinco semanas se propuso realizar el traslado de esta población a la sede de La Florida, ubicada a las afueras de la ciudad, la cual cuenta con baterías sanitarias, así como las condiciones higiénicas y de infraestructura necesarias para permanecer y pernoctar de manera más adecuada.
Agregó el Distrito que esperan una posición más propositiva y de conciliación por parte de la Defensoría del Pueblo y la Unidad para las Víctimas, así como de las autoridades de la comunidad Embera, para lograr la reubicación de estas personas e hicieron un llamado a aceptar esta solución.
“Las entidades distritales encargadas están buscando soluciones para mejorar la situación de estas personas de la comunidad indígena Embera en su estancia en la ciudad; sin embargo, se requiere de la voluntad de las partes para que acepten este tipo de propuestas y se pueda evitar este tipo de situaciones tan dolorosas”, concluyó el distrito.
Por su parte, la Personería de Bogotá hizo un llamado a las autoridades distritales para que agilicen el diálogo con las comunidades indígenas y establezcan acuerdos. “Hemos insistido de manera incansable en todos los escenarios que es indispensable agotar las instancias del diálogo y encontrar puntos de acuerdo con la comunidad indígena asentada en el Parque Nacional. Instamos al Distrito para que de manera urgente atienda la crisis que se presenta; así como al diálogo intercultural con las entidades competentes para definir las acciones que garanticen la protección integral de derechos fundamentales a la vida, vivienda digna, mínimo vital de todos y todas”, señalaron.
Otro grupo vuelve a su territorio
130 familias conformadas por 423 personas de la comunidad Embera, retornarán a sus territorios esté miércoles 1 de diciembre, según informó la Unidad para las Víctimas.
El director de esta entidad, Ramón Rodríguez, indicó que estas familias permanecían desde hace algún tiempo en las instalaciones del Parque de la Florida, en el noroccidente de Bogotá.
El funcionario dijo que habrá una revisión en temas de salud, educación y también la oferta que se encuentra disponible en Pueblo Rico, Risaralda, a donde llegarán. “Días después adelantaremos comités de justicia transicional en el Chocó para acompañar a las familias del parque La Florida hacia Mistrató y el Alto Darién”, informó.