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Así fue el primer mes de intervención de Sanitas EPS, Nueva EPS y SOS EPS

El superintendente Nacional de Salud dio a conocer algunos de las principales situaciones encontradas por parte de los agentes interventores en tres de las EPS sobre las que se ordenó recientemente medida de intervención forzosa administrativa.
Detalles del primer mes de intervención de Sanitas EPS, Nueva EPS y SOS EPS
Pexels.
Tatiana Niño.

Según Luis Carlos Leal Angarita, superintendente Nacional de Salud, "lo reportado por cada uno de los agentes interventores robustece las decisiones tomadas por parte de la Superintendencia Nacional de Salud respecto a cada una de las EPS aludidas, y revela parte de la realidad de cada una de estas EPS".

EPS Sanitas

El interventor encontró gastos al cierre de la vigencia 2023 por 104.226 millones de pesos en operación de centros médicos. "Ese tipo de inversiones las debe hacer la misma institución prestadora de servicios de salud (IPS) y no la EPS, sobre todo cuando esos centros médicos pertenecen al mismo conglomerado o grupo", dijo Leal.

Esto es lo que se conoce como integración vertical, puesto que se estaban asumiendo gastos que no corresponden a las IPS a las cuales ya se les estaba pagando por la atención de pacientes. El informe del interventor detalla también la firma de múltiples contratos sin una finalidad específica o algún tipo de beneficio para Sanitas.

​Además, la distribución de la población afiliada en la red de servicios de salud no se detallaba: la oferta actual de servicios, la capacidad instalada de los prestadores, ni las brechas en la oferta de servicios. Esto puede afectar la capacidad de la EPS para responder adecuadamente a las necesidades de sus afiliados y mejorar la calidad y eficacia de la atención en salud.

Según lo analizado, Sanitas EPS firmó un contrato con una cláusula de exclusividad en favor de la contratista, que impide a la EPS el suministro, dispensación o abastecimiento de medicamentos a sus afiliados directamente o mediante otros proveedores, salvo que la contratista lo permitiera de forma transitoria.

No obstante, en el mismo contrato se definió la posibilidad de subcontratar con otros operadores. La operación del contrato, incluyendo la cesión del recaudo de copagos y cuotas moderadoras. Por esto la EPS Sanitas se encuentra limitada en su capacidad de operar y gestionar la distribución de medicamentos e insumos médicos.

Nueva EPS

Se hallaron 12.645.762 registros de facturas radicadas en proceso de auditoría, por valor de más de 4,4 billones de pesos. Según la Superintendencia, estas obligaciones no fueron incluidas en los estados financieros que acumulan un valor de 5,7 billones, de acuerdo con lo encontrado por la firma contralora. La aparición de estos registros multiplica la deuda de esta EPS.

El interventor indicó que la EPS hacía pagos a los prestadores de servicios de salud; sin embargo, desconocía si estos estaban o no prestando verdaderamente la atención, puesto que no pedía reportes, especialmente en lo concerniente a la promoción y prevención en materia de salud.

El interventor manifestó que los departamentos con mayor dificultad en la prestación del servicio son Cundinamarca y Distrito Capital, Antioquia, Valle del Cauca, Santander, Cundinamarca, Boyacá, Norte de Santander y Huila.

Además, entre las vigencias 2022 y 2023 el gasto médico dentro de la Nueva EPS se incrementó en un 58 %, producto de los ajustes realizados a las reservas técnicas, lo que generó un indicador de siniestralidad del 118,93%.  

La Contralora designada para el seguimiento de la intervención informó sobre inconsistencias en el registro de los anticipos otorgados a prestadores y proveedores de la EPS. En el mes de marzo de 2024 se reportaron para legalización facturas de anticipos otorgados desde 2008 hasta la fecha.

EPS ​SOS – Servicio Occidental de Salud

Una de las observaciones más significativas por parte del agente interventor tiene relación con el riesgo de la EPS en la concentración del nivel primario en cabeza de un prestador (Comfandi) que, además, tiene la condición de vinculado, lo que hace y hará más difícil su evaluación de eficiencia.

Para los contratos PGP suscritos con la prestadora COMFANDI, se determinó una baja ejecución durante el periodo agosto 2023 y marzo de 2024 del 82.35%, lo que equivale a $19.629 millones, además de bajos desempeños en los periodos anteriores de las vigencias contractuales, sin haberse realizado los recobros correspondientes.

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