Puntos de Vista: análisis de los tres años del estallido social
El 28 de abril de 2021, hace ya más de tres años, miles de jóvenes colombianos desafiaron la pandemia y se tomaron las calles de las ciudades del país. Cientos de personas descontentas salieron a expresar su oposición al proyecto de reforma tributaria, que había presentado por el Gobierno del entonces presidente Iván Duque.
Si bien la propuesta de reforma fue el detonante, miles de ciudadanos ya venían manifestando su descontento con respecto a varias situaciones que estaban sucediendo en el país desde varios meses atrás, lo cual quedó en evidencia tras el paro nacional que tuvo lugar el 21 de noviembre de 2019, cuya dinámica se vio interrumpida por el confinamiento provocado por el COVID 19, apenas cuatro meses después.
A pesar de la represión que se vivió, este estallido social llevó a que el Gobierno de turno tomara medidas algunas para responder a las solicitudes de los manifestantes. Pero solo fue en 2022, tras la elección de Gustavo Petro como presidente de la República, cuando las aguas se calmaron. Tres años después, es un momento propicio para reflexionar sobre el impacto que tuvo este estallido social en el país. En especial, para pensar en cómo se puede evitar que un contexto así se vuelva a repetir y cómo es imprescindible atender las necesidades que los colombianos visibilizaron en esos momentos.
Cabe recordar que cuando las protestas empezaron a sacudir al país a finales de abril de 2021, la frustración social era muy profunda. Como consecuencia de los efectos de trece meses de pandemia, Colombia, la cuarta economía de América Latina, pero también uno de los países más desiguales del mundo, había registrado una caída del 6,8% de su producto interno bruto y un aumento del desempleo por encima del 16%.
Varios jóvenes resultaron heridos en 2021, en medio de la movilización ciudadana. Incluso, algunos de ellos ni siquiera eran marchantes, sino que estaban ayudando a algunos manifestantes a alejarse de los gases lacrimógenos. Uno de los efectos para muchos de ellos fue la pérdida de la vista, parcial o total, de lo que se responsabiliza la Fuerza Pública.
