Aunque los grupos feministas del departamento del Chocó celebraron la Sentencia C-055 del 2022 de la Corte Constitucional, que permite la interrupción del embarazo hasta la semana 24 de gestación, hay condiciones estructurales del sistema de salud y culturales en el departamento que dificultan el acceso a este derecho para las mujeres.
Según Ana María Arango, docente de la Universidad Tecnológica del Chocó, investigadora y directora de la Asociación para las Investigaciones Culturales del Chocó (ASINCH), es necesario abrir el debate sobre el aborto en el departamento del Chocó.
“Es importante hablar de esto en un departamento donde las mujeres sufren diferentes formas de discriminación y sobre todo en un sistema hospitalario que maltrata y estigmatiza a las mujeres cuando llegan con un aborto natural o inducido”.
La corporación Asinch realizó una investigación cualitativa para Profamilia llamada: “Sexualidad, placer y vida. Miradas desde la diversidad cultural en el departamento del Chocó”, la cual cuenta en detalle los casos de maltrato obstétrico y complicaciones de salud posteriores a un aborto en el Hospital San Francisco de Asís.
Esta investigación recalca que son las mujeres del Chocó las que más barreras tienen para acceder a la educación en planificación familiar, y las que menos acceso tienen a los sistemas de salud, pues son las más vulneradas siendo foco de diferentes formas de discriminación. Además, que hay un componente sociocultural que impone a las mujeres el “deber” de ser madres.
“Lioba Rossbach encontró en su investigación con las familias del Atrato, (…) que a la mujer se le asigna la “tarea” de tener hijos como casi una obligación debido a las propiedades que le asigna la naturaleza. En la cosmovisión afrochocoana es el parto en sí una limpieza física, emocional y energética para la mujer. Por lo tanto, cuando una mujer no tiene hijos, de manera despectiva, se usa la expresión “está pitada”, se le considera enferma (si se trata de un caso de esterilidad) o profundamente egoísta consigo misma, con su familia y con la sociedad en general. Así, la sanción social no está en decidir tener hijos (cuando no se tienen recursos para mantenerlos, por ejemplo), sino en decidir no tenerlos”, señala la investigación.
Por otra parte, según el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, en 2019 el departamento del Chocó ocupó los primeros lugares en Colombia con madres adolescentes alcanzando un 26.9 %, lo que posteriormente lleva a la violencia de género al interior del hogar.
¿Cuáles son las principales barreras?
La doctora Yiny Torres Valencia, magíster en Bioética, quien ha trabajado en Profamilia y Oriéntame, afirmó que hay dos tipos de barreras que enfrentan las mujeres del departamento del Chocó para la interrupción del embarazo.
Por un lado, están las barreras personales, que son el miedo a la criminalización y estigmatización por parte de una sociedad machista. Aunque la interrupción del embarazo hace parte del plan de atención y beneficios a los pacientes, muchas veces las EPS los niegan, deben hacerlo por su cuenta y por lo general, no tienen los recursos económicos para realizar el procedimiento.
En segundo lugar, están las barreras externas-administrativas, donde las mujeres deben enfrentar la falta de voluntad política, no solo para que se realice la interrupción del embarazo antes de la semana 24, sino para educar y orientar a las niñas, adolescentes y mujeres adultas en este tema. También se suma la falta de prestadores de servicios de salud, además porque mientras más lejos estén las mujeres de los centros urbanos, más difícil será acceder.
Por ejemplo, en la sentencia 355 del 2006 que despenalizaba el aborto por tres causales específicas (riesgo de salud de la madre, riesgo fetal y abuso sexual o incesto) se exigían certificados médicos de especialistas, análisis de psicólogos o psiquiatras y apoyo de los familiares, lo que impedía que las mujeres rurales que se encontraban bajo esas tres causales pudieran practicarse un aborto legal y seguro.
Los grupos por los derechos de las mujeres se pronuncian
Yusely Aguilar del movimiento comunitario Manglares vivos de Bahía Solano, afirmó que “nuestras abuelas nos dejaron el derecho al voto y hoy la lucha de muchas mujeres nos da la felicidad de no ser señaladas por la justicia, no poner nuestra vida en riesgo y no ser tratadas como asesinas”.
Carmenza Rojas directora fundación Mareia, co-creadora de los encuentros Vulva libre de Quibdó, “Vivo en una sociedad donde la mayoría de las mujeres deben sacar adelante solas a sus hijos, porque los hombres históricamente han podido decidir si se hacen cargo o no. Ellos viven abortando hijos que engendran y no crían”.
Crisis de la salud en el departamento
Según datos de la Secretaría de Salud del municipio de Quibdó, las complicaciones en el aborto son la segunda causa de morbilidad materna extrema, en el 2021 se registraron cinco muertes por complicaciones por aborto en razón a 90 muertes maternas.
La Secretaría también señala que, por cada 100.000 mil nacidos vivos, el riesgo de morir por problemas derivados de la gestación, el parto y postparto es de 138 muertes en el municipio de Quibdó para el año 2021.
Asimismo, Chocó se encuentra en el segundo lugar en la lista de departamentos que registran mayores casos de mortalidad perinatal y neonatal con una cifra de aproximadamente 35 muertes por mil niños nacidos; según el Instituto Nacional de Salud en un informe del 2019. Aunque estas cifras no corresponden a muertes por aborto exactamente, si son una referencia para analizar el panorama en salud materna en la región.
Según el Instituto Nacional de Salud, este resultado tiene una estrecha relación con la alta proporción de personas con necesidades básicas insatisfechas y el alto índice de pobreza que concentra el departamento. Por estas razones aumentan las barreras de acceso a los servicios de salud, especialmente durante la atención prenatal, atención del parto y atención del recién nacido.
La situación se complejiza cuando el único centro de salud de II nivel del departamento, el Hospital departamental San Francisco de Asís, se encuentra en paro. Justamente la semana el 18 de febrero del 2022, ingresó una paciente con anemia severa y amenaza de aborto, la cual necesitaba una transfusión de sangre y tras permanecer un día en la unidad de cuidados intensivos, tuvo que ser trasladada a un centro hospitalario en Montería (Córdoba).
Según Luz Estela Mosquera Palacios, enfermera de partos del Hospital San Francisco de Asís, la situación de las maternas en esta institución es crítica en este momento: “No tenemos ni siquiera anestesia raquídea, la que se usa para dormir a las mamás de la cintura para abajo”.
Aunque los grupos de activistas reconocen la importancia del fallo, reiteran el desafío que representa para el departamento del Chocó, por no tener hospitales en buen estado, por el constante desplazamiento y en conflicto armado que hace que las mujeres y niñas sean más vulnerables a sufrir violencias sexuales.
Por otra parte, funcionarios de Profamilia Quibdó, aseguran que cualquier mujer que desee realizar la interrupción de su embarazo antes de las 24 semanas, puede acercarse a las instalaciones y allí será atendida y orientada. También afirman que, en caso de presentarse alguna emergencia, tienen convenio con la clínica privada Santiago, mas no con las entidades públicas que están en crisis.