Puerto Leguízamo, un municipio con riesgo electoral por crisis de orden público

La Defensoría del Pueblo emitió varias alertas, entre ellas la número 030 del 2023 con la que se visibiliza la situación de amenaza y vulneración de los derechos fundamentales de los ciudadanos de Puerto Leguizamo, en especial para ejercer libremente su derecho al voto.

Con esta alerta electoral se solicita apoyo departamental y nacional para brindar la seguridad a los habitantes y candidatos que se encuentran en riesgo por su participación política.

El panorama de la contienda electoral da cuenta que Puerto Leguízamo se encuentra entre los 39 municipios con mayor riesgo electoral en el país, en comparación a las elecciones territoriales del 2019.

Según la Misión de Observación Electoral (MOE) tras la firma del Acuerdo de Paz se había recuperado el control social en la zona, sin embargo por el incumplimiento del acuerdo durante el anterior gobierno y  la carencia del recurso económico del municipio, los grupos armados al margen de la ley se fortalecieron y continúan en la disputa territorial.

“Desde la personería Municipal estamos prestos a garantizar la protección de los derechos fundamentales a los ciudadanos desde lo que está a nuestro alcance, sin embargo, la desconfianza en la institucionalidad y con el poco recurso nos quedamos cortos, Solicitamos acompañamiento urgente”, mencionó Jhon Edinson Hurtado, Personero Municipal de Leguízamo.

A pocos días de la jornada electoral de este próximo 29 de octubre, la comunidad leguizameña y las entidades públicas territoriales hacen un llamado al Gobierno Nacional para que le dé prioridad al municipio y con ello, poder recuperar su territorio, aprovechando las riquezas naturales que brinda este paraíso amazónico.

El municipio como estrategia territorial del conflicto armado 

Puerto Leguizamo es municipio de categoría seis que constituye el 47% del territorio total del Putumayo, conformado por grandes extensiones de bosque y selva tropical de difícil acceso, ocupado en un gran porcentaje por comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas. 

Entre sus particularidades geográficas limita con dos de los ríos más importantes de la cuenca hídrica del Amazonas: El río Putumayo y el río Caquetá.

A su vez en sus tierras se ubica el Parque Nacional Natural La Paya y su frontera fluvial limita con Perú y Ecuador, estas ventajas geográficas han convertido al municipio en un corredor estratégico para los intereses de diferentes grupos armados ilegales que hacen presencia en el territorio.

Las afectaciones en materia de derechos humanos

Debido a esta disputa, el municipio cuenta con fronteras invisibles impuestas de acuerdo con la zona de injerencia de los grupos armados, llevando a los habitantes a sufrir afectaciones que vulneran los Derechos Humanos (DDHH) y el Derecho Internacional Humanitario (DIH) pues en el territorio se han registrado secuestros, desapariciones, homicidios, desplazamiento forzado y reclutamiento de menores entre otros flagelos difíciles de enfrentar por parte de la institucionalidad.

Estos hechos fueron dados a conocer por la Defensoría del Pueblo en la alerta temprana 002 de enero del 2022, la cual indica el riesgo en el que se encuentran 29.903 personas en especial comunidades campesinas  y comunidades indígenas de los pueblos Murui – Muina; Kichwa, Siona, Murui/ Muina, e Inga; así como poblaciones negras agrupadas en consejos comunitarios en Puerto Ospina, La Paya, Afrocaucayá, Sencella, casco urbano de Leguízamo, La Tagua, Merendú, Mecaya y Peterumbe, que si bien no han contado con el reconocimiento de territorio colectivo, tienen presencia en el municipio y se han acogido a las formas organizativas propias de este pueblo étnico y establecidas en la Ley 70 de 1993.

Por otra parte, en el segundo balance semestral el Comité Interinstitucional de Erradicación del Trabajo Infantil (CIETI) compuesto por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), la fuerza pública, la Secretaria de Gobierno municipal, el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), las instituciones de educación media entre otras entidades públicas y privadas, se evidenció como los niños, niñas y adolescentes han sido una de las poblaciones más afectadas por el reclutamiento de menores en medio del conflicto armado, por ello se hace reitera el  llamado  al gobierno nacional desde todos los sectores para fijar su mirada en el municipio y prevenir estos flagelos de la guerra.

Pese a las dificultades por las que atraviesan las entidades públicas en el territorio desde la Personería Municipal reitera la disposición y el compromiso por la defensa de los derechos humanos e invita a los ciudadanos a ejercer con seguridad su derecho al voto este próximo 29 de octubre.