Líderes en el Chocó denuncian aumento de violencia en los municipios Pdete

Según la Agencia de Renovación del Territorio, en enero del 2022 se entregaron cuatro obras Pdet, en el medio San Juan, en Chocó, a las comunidades de Paimadó la Rancha, San Miguel e Isla de la Cruz. En total fueron $486.433 millones de pesos de inversión para un aproximado de 2.006 habitantes de las zonas rurales del municipio. Sin embargo, a 15 de junio del mismo año, más de 200 personas de Isla de Cruz llegaron desplazadas por enfrentamientos de grupos armados al margen de la ley al corregimiento de Dipurdu. 

Por un lado, el Gobierno Nacional está haciendo una inversión en proyectos en los territorios priorizados y, por otro lado, las comunidades de estos territorios se están desplazando por enfrentamientos de los grupos armados.

Panorama de los proyecto Pdete

Tras la firma de los Acuerdos de Paz en 2016, en la Habana, con la participación líderes sociales, víctimas del conflicto armado, se crearon los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial, y etnico en el caso de la población afrocolombiana (Pdete), con una gestión proyectada a 15 años priorizando 170 municipios a nivel nacional. En el Chocó, hay 12 municipios Pdete y articula con dos municipios de Antioquia para constituir 14, Nóvita, Sipí, San juan, Istmina, Condoto, Bojayá, Medio atrato, Riosucio, Acandí, Unguía, Carmen de Atrato, entre otros. 

La filosofía de los Pdete buscaba ser la esperanza para esas comunidades que han sido azotadas por el conflicto armado durante décadas, que esperaban sentir la presencia de un Estado que ha sido ausente durante tantos años y, por medio de esas inversiones, lograr el desarrollo de esos 14 municipios priorizados a nivel departamental, pero lo más importante, deseaban vivir en paz en sus tierras, pero esto no ha pasado. 

Modesto Serna, asesor de paz de la gobernación del Chocó y docente de la universidad tecnológica del Chocó Diego Luis Córdoba  (UTCH), afirma que el aumento de violencia en varios de estos municipios después del acuerdo de paz es una muestra clara, “las comunidades siguen a su suert; el Estado sigue sin hacer presencia en estas zonas”. Modesto señala que, al salir las Farc, entraron otros actores armados ilegales. 

Para Modesto, las obras de los proyectos Pdte “son paños de agua tibia después de tantos años de conflicto armado”, pese a que tienen una filosofía muy bonita al permitir que los territorios se puedan unirse, disminuir sus distancias, que los campesinos puedan mover sus productos por las carreteras. “Una obra PDTE también debe permitirle a las comunidades despojadas retornar a su territorio, vivir en él y no seguir desplazando a causa de la violencia”, dice. 

Justamente ha pasado todo lo contrario, el Sistema de Información sobre Derechos Humanos y Desplazamiento Forzado (SISDHES) reveló un aumento en los eventos de desplazamiento forzado en los años 2019-2020 y 2021 que corresponden a los años tercero, cuarto y quinto de pos acuerdo, equivalentes a los años de Gobierno del Presidente Iván Duque. 

Según este informe, en los 6 años de pos acuerdo, en el departamento del Chocó se han desplazado 40.696 habitantes y da cuenta que, de 19 municipios, los tres con mayor población desplazada son Alto  Baudó, Litoral del San Juan y Medio San Juan. Estos dos últimos siendo priorizados por el Pdte muestran cifras de 5.974 y 3.639 de comunidad víctima de desplazamiento forzado respectivamente. 

Elizabeth Moreno Barco fue una de las lideresas que acompañó la firma del acuerdo de paz en la Habana en 2016 y junto a otros consejos comunitarios del departamento exigió que se priorizaron estos municipios. Dos años después ella califica el impacto de los proyectos Pdete en la región del San Juan en un porcentaje menor al 30 %. 

“Su implementación  ha sido nula para lo que nosotros como víctimas, como organizaciones, soñábamos en cuanto a reparación o mitigación de los daños sufridos, no se ven resultados”, indica Elizabeth.

Y añade: “Los consejos comunitarios fuimos a la Habana a priorizar nuestras comunidades, los consejos somos los que tenemos que salir corriendo a socorrer a las personas cuando pasa algo malo. Pero las alcaldías son las que están al frente de proyectos Pdte y nosotros ni nos consultan”.

Otro punto importante a la hora de evaluar la ejecución de los proyectos Pdete y la situación de violencia en las comunidades tiene que ver con la implementación del ‘Pilar 8’, que suponía era el más importante pero del que no se sabe nada. 

Contexto de errores previos:

Los líderes sociales afirman que el ‘Pilar 8’ de los proyectos PDTE es el más importante de todos,  es el que rige la reconciliación, la convivencia y la construcción de paz. Este reúne el conjunto de acciones para garantizar la no repetición del conflicto armado y la erradicación de la violencia, incluyendo la reparación  de las víctimas.

Jeison Palacios, vocero del Foro Interétnico de Solidaridad del Chocó FISCH, y Elizabeth Moreno, representante de Acadesan, están de acuerdo en que el Pilar 8, debió ser el primero en desarrollarse en todos los proyectos de los gobiernos locales, pero no fue así. “Ese Pilar 8 lo pusieron de adorno, para que sonara bonito”, dice Elizabeth.

Según el FISCH, las priorizaciones tienen que responder al contexto actual del conflicto en Colombia, a las dinámicas de los territorios, garantizar la participación real de todas las comunidades, garantizar la armonización de los Pdet con los instrumentos de planeación en el territorio, porque no sirve pavimentar vías cuando las familias se están desplazando. Desde la planeación de los proyectos a las comunidades no se les dió las garantías para que participaran.

La agencia de renovación del territorio ART decidió con las alcaldías por donde empezar, y de las 2000 iniciativas que tiene el Chocó para los dos primeros años, lo ideal era decidir de la mano de los consejos comunitarios cuáles iban a ser las primeras. 

Jeison aclara que “todas las iniciativas se necesitan, todo lo que se está haciendo se necesita pero de acuerdo al contexto y la necesidad real, pero desafortunadamente tocó implementar los Pdete en una situación de conflicto y de guerra que se está agudizando”. 
En ese sentido, había iniciativas que se tenían que priorizar por encima de otras, por ejemplo: Pilar 6 reactivación económica, Pilar 7 seguridad alimentaria, porque si la gente no tiene que comer se va a desplazar. 

Como pasaba antes de la firma del acuerdo de paz, existían unos mecanismos de diálogo con los actores armados de la zona que permitían negociar, que las personas pudieran estar tranquilos en medio de su presencia, negociar que ellos no usaran las lanchas o los medios de transporte o tierras de la comunidad. Jeison Palacios y Modesto Serna, el asesor de paz de la Gobernación, coinciden que  en el pos acuerdo llegaron otros actores ilegales fortalecidos con los que no se puede llegar a ningún acuerdo y son, justamente, los que tienen a varias comunidades confinadas en sus propios territorios.

“De nada sirven los parques y el cemento si las comunidades tienen que desplazarse o están confinadas”

Según un líder de la subregión San Juan, que ha solicitado a Radio Nacional no mencionar su nombre, cuando se hizo la titulación colectiva de los territorios incrementó el accionar de los grupos armados, empezaron los bombardeos, los desplazamintos y los señalamientos. Una vez se firmó el Acuerdo de Paz en noviembre de 2016 se incrementó la violencia, especialmente en los municipios priorizados por el Enfoque Etnico y Territorial Pdete.

Municipios como Nóvita, Sipí y medio San Juan actualmente se encuentran en confinamiento por enfrentamientos de grupos armados al margen de la ley. En el 2021, la Defensoría del Pueblo emitió alertas tempranas sobre el peligro que enfrentaban las comunidades. 

La lectura que hacen los líderes es que a los grupos armados les favorece que las comunidades estén confinadas a que estén desplazadas, el desplazamiento genera más ruido y tienen mayor riesgo de ser perseguidos por el Estado. Pero si las personas están en su casa, en su tierra, aparentemente no pasa nada. Este líder indica que al hacer un barrido en la subregión del San Juan se percibe confinamiento a lo largo y ancho de la subregión. “Si definimos el confinamiento, lo entendemos como esa restricción a las prácticas culturales, ancestrales y del diario vivir, pero una zona en la que después de las 5 de la tarde las personas no pueden salir a cazar, pescar, moverse en los cultivos, significa que viven confinadas”.

Actualmente la gente vive una situación de requerimiento de profesionales psicosociales por esta violencia, se ha cambiado el ambiente y la cultura de cantar de reír, de contar cuentos, los vecinos se reunían a entretenerse ahora la gente se sienta a hablar de violencia. Ahora en la mente de todos y cada uno de las comunidades hay recuerdos de violencia. “Antes veíamos a las niñas jugando con juegos de cocina, ollas, y los niños con carritos, ahora los niños juegan a remedar a los grupos al margen armados, con la pistola, y no porque quieran, es  una enseñanza maldita que les enseñan para que vayan creciendo con esa ideología de que esa es la vida” Dice el líder. 

También asegura que hay varios cuellos de botella para el funcionamiento de los proyectos Pdete, ya que no hay mucha voluntad política por parte de ciertos alcaldes, no hay articulación entre el ente territorial y la gente, y las asambleas no se están realizando como se planteó. “No hay ninguna acción para que la gente diga: sentimos paz en el territorio”, menciona. 

Él también coincide en que las instituciones se han dedicado a hacer obras de cemento, placas y cosas e infraestructuras a medias, pero se les ha olvidado lo más importante: la vida y la paz. 

Por su parte, Maria Eugenia Ibarguen asesora Pdete regional de la Agencia de Renovación del Territorio, afirma que hay proyectos suspendidos en algunos municipios por la violencia, como es el caso del Medio San Juan, donde se hizo una inversión por 2.290.000 millones en mejoramiento de navegabilidad fuentes hídricas,  mejorar el acceso de las carreteras para sacar productos de las fincas hasta su comercialización, 

“Estas iniciativas están desde el año pasado pero por la ola de violencia no se han podido culminar y muchas comunidades no pueden gozar del beneficio que el estado les brinda por esta difícil situación”, dice, y asegura que en los municipios de Nóvita, Medio Atrato y Medio San Juan, la ejecución ha sido muy compleja. 

Los líderes y las comunidades están de acuerdo en que la filosofía de los proyectos Pdete es muy bella, pero después de 7 años de pos acuerdo es necesario sentarse formalmente a revisar los avances, los retrocesos, la situación de las comunidades priorizadas y sobre todo ¿Qué se está haciendo con la tierra en el Chocó?