La Procuraduría General de la Nación abrió indagación con el fin de verificar los hechos ocurridos en la Cárcel de Mediana Seguridad de Tuluá, donde hasta el momento se han reportado 51 personas muertas y 23 heridas tras un motín en la madrugada de este martes.
El órgano de control busca establecer si existió responsabilidad disciplinaria de servidores públicos por acción, omisión o extralimitación de funciones, por lo que ordenó la práctica de pruebas, las cuales ya se encuentran en las primeras diligencias.
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La Fiscalía General de la Nación también anunció este martes la conformación de un equipo de 25 personas, que se encargará de investigar lo ocurrido en el lugar, donde, según las primeras versiones, luego de que un grupo de reclusos incendió unas colchonetas, en un intento de motín.
Esto provocó un efecto cascada que hizo que las llamas se extendieran por todo el pabellón sin que fuera posible controlarlas en un primer momento.
En la cárcel de Tuluá hay 1.267 personas privadas de la libertad, con un hacinamiento del 17 %. Según el ministro Wilson Ruiz, esta es una de las cárceles menos hacinadas del país y su porcentaje de hacinamiento está dentro de los límites que han permitido los fallos de la Corte Constitucional.