Líderes de derechos humanos en Risaralda confirman que a la fecha hay, por lo menos, 31 personas amenazadas en ese departamento, las cuales encabezan procesos sindicales, sociales y comunales en el área metropolitana de Pereira.
El hecho más reciente ocurrió en la tarde noche del martes pasado, cuando Jaime Ocampo fue atacado con armas de fuego en el barrio Cachipay de la capital de Risaralda.
Esta persona es reconocida en el sector por ser un líder barrial y es presidente del Sindicato de Trabajadores de la Gobernación de Risaralda, entidad en la que laboraba al momento del atentado.
"Hemos dispuesto una recompensa de $30 millones para quien nos dé información sobre el autor de este hecho. Todas las autoridades del departamento están tras la pista de los responsables de este atentado", dijo el miércoles en rueda de prensa el Secretario de Gobierno de Risaralda, Israel Londoño.
Además Londoño, en medio de su alocución, confirmó que Ocampo ya había recibido amenazas en su contra, y que pese a esto, aún no le habían asignado ningún esquema de seguridad por parte de la Unidad Nacional de Protección (UNP), aunque había una denuncia radicada en agosto del año pasado.
"La Fiscalía Risaralda investigó el caso y remitió a la Policía la ruta de protección respectiva. Se le hicieron visitas a la casa y se le dieron recomendaciones de seguridad. A su vez también le enviaron el caso a la UNP y esa entidad tiene el proceso en etapa de seguimiento. Esta entidad (teniendo en cuenta el atentado) activó una ruta de emergencia para proteger a los familiares del líder comunal", dijo.
A este caso se suma el asesinato, el pasado 24 de agosto, de Elmer Castañeda, reconocido líder comunal de Dosquebradas y contratista de la Alcaldía de ese municipio al momento del homicidio en el barrio Galaxia.
En su momento el alcalde de Dosquebradas, Diego Ramos, ofreció $20 millones de recompensa (y luego la Gobernación de Risaralda aportó $10 millones más, para un total de $30 millones) por quien diera información sobre su asesinato. Hasta el momento las autoridades no han entregado reportes públicos sobre avances en el caso.
"Era un líder cívico quien estuvo al servicio del Municipio por años. Laboraba en la Diger (oficina de gestión de riesgo municipal) apoyando y acompañando los diferentes procesos en favor de la ciudadanía. Hoy nos invade la tristeza de ver partir a un gran amigo y un compañero incondicional, siempre lo vamos a recordar. Don Elmer seguirá viviendo en nuestros corazones", finalizó Ramos.
Finalmente un tercer caso, ocurrido en menos de un mes en Dosquebradas, se reportó el 11 de agosto de este año, cuando se denunciaron amenazas telefónicas y a través de redes sociales, en contra de Luis Eduardo López, líder comunal de la vereda Filobonito en el Alto del Nudo (Dosquebradas).
"Estamos en un momento muy difícil para los líderes comunales en Risaralda. Ya hay gente que se quiere ir del territorio, que se quiere ir de Risaralda, porque ven amenazada su seguridad y la de sus familias. Recibimos denuncias dentro de la ciudad y también de zonas rurales y sentimos que las autoridades no le están poniendo cuidado al tema", dijo Jaime Gutiérrez, asesor de la Confederación Nacional de Acción Comunal para temas de Derechos Humanos y Paz.
Gutiérrez, además, criticó la postura que han tenido las autoridades civiles y policiales frente a estos hechos. "Ellos van y hacen visitas y ahí queda el seguimiento de la Policía. Luego, cuando ocurren los atentados, hacen consejos de seguridad sin los afectados, sin tener en cuenta a los líderes comunales", finalizó.
Por el momento las autoridades confirmaron que tienen un grupo especial destinado para el caso de Jaime Ocampo, quien según informaciones extraoficiales, se encuentra en un estado de salud estable.