Hallazgo fiscal por $33.673 millones de pesos en proyecto de potabilización de agua en Guaviare
Luego que Defensoría del Pueblo realizara el seguimiento del cumplimiento del PAE en Guaviare se alertó del estado de salud de menores de edad quienes se estaban enfermando por el consumo de los alimentos preparados en las escuelas, motivo por el cual se dio a conocer el incumplimiento de un contrato que tenía como objetivo potabilizar agua en 84 colegios.
Esta situación, llevó a la Contraloría General de la Nación establecer un hallazgo fiscal por $33.673 millones de pesos en el proyecto de potabilización de agua para estudiantes de zonas rurales de San José del Guaviare, obra que se aprobó para ser financiada con recursos del OCAD PAZ, y aunque se instalaron, ninguna opera, ni potabiliza el líquido.
Luego de auditorías, muestras y tomas del agua, se determinó que no es apta para el consumo humano, en un nivel de riesgo elevado, no pasan el muestreo que se realizó ni el registro que emite la Secretaría de Salud, como el Instituto Nacional de Salud, aseguró el vicecontralor, Carlos Mario Zuluaga.
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Por su parte, el Vicedefensor del Pueblo, Luis Andrés Fajardo, en medio de su visita en la emisora de paz de Radio Nacional de Colombia en San José del Guaviare aseguró que:
“Desde el año 2009, la Defensoría del Pueblo ha venido acompañando la situación y revisando el cumplimiento, cosa que no se ha logrado. En este momento la comunidad jiw está en altísimo riesgo porque la comunidad cuenta con Institución Educativa que no tiene agua, están obligando a los niños a tomar el agua del río Guaviare, en un lugar en el que río abajo 5 kilómetros de San José el agua está contaminada con las aguas servidas de la ciudad. Ese efecto está produciendo que de los 58 niños que hoy estén afectados por desnutrición, el 50% sean niños pertenecientes a las comunidades nukak y jiw”, expresó el funcionario.
Es así, como dos comunidades indígenas en Guaviare se ven gravemente afectadas por las condiciones de vida y aguas residuales que están consumiendo, suceso que ha hecho reactivar procesos por parte de la Corte Constitucional en esta zona del país, no solo por los problemas de salud de los niños, sino también por el estado grave de desnutrición, violencia, explotación sexual, y la utilización de menores en economías ilícitas por grupos armados.
