Alrededor de 30 niños y niñas wayuu del antiguo comunidad wayuukazo en Riohacha se encuentran sin garantías de protección de derechos luego de desalojar a más de cuarenta familias indígenas, pertenecientes a esta etnia sin reubicación, por una orden judicial, por la que líderes piden que se garantice la protección tal como lo ordena la sentencia T-302 de la Corte Constitucional en 2017.
Indira Atencio, líder wayuu y miembro de la Organización indígena wayuu Painwashi, manifestó “Esto viola la sentencia T-302 que ordena al estado y al gobierno proteger a los menores del pueblo wayuu, específicamente en los municipio de Maicao, Manaure, Uribia y Riohacha, a que sean sujeto de especial protección, las entidades están violando porque no les están garantizando la protección, les quitaron las posibilidades del buen vivir, ahora tienen menos herramienta para salir adelante”.
Las familias indígenas wayuu que fueron desalojados pasaron su primera noche refugiados en enramadas de familiares en otras comunidades, ya que aseguran que nunca fueron garantizados su reubicación para iniciar una nueva vida con los menores.
Ahora están sin territorio, sin cultivos y sin nada, por lo que los líderes reiteran el llamado al cumplimiento de la sentencia.
Es preciso recordar que de acuerdo a la orden judicial, el predio donde se encontraban la comunidad wayuu es propiedad privada y fue invadida desde hace aproximadamente treinta años, por la que el propietario lo ha estado reclamando.
Por otro lado, según la Corte Constitucional en la sentencia T-302 declaró el Estado de Cosas Inconstitucionales frente a la protección especial de los derechos al agua, salud y alimentación para las comunidades indígenas Wayuu en la Guajira.