Luís Enrique Murillo, defensor regional del Pueblo, aseguró que la situación humanitaria que hoy vive el Chocó, se hizo evidente durante los dos años de pandemia “cuando el Estado se retrajo, avanzó el proceso de expansión de las Autodefensas Gaitanistas -AGC- y el Eln a zonas que antes no cubrían, incluyendo cabeceras municipales”.
El funcionario advirtió que la situación que hoy vive el 77 por ciento de la población del departamento ha sido puesta de manifiesto al Gobierno Nacional a través de las 18 alertas tempranas emitidas por la entidad y que permanecen activas en la región, las cuales vinculan a por lo menos 22 municipios y cobijan a “420 mil personas que están en riesgo de ser victimizadas”, al tiempo que calificó de insuficiente la respuesta institucional.
El representante del Ministerio Público señaló que los datos entregados son de eventos grupales, por lo que la cifra es aún mayor al tener en cuenta las afectaciones individuales. Así mismo, añadió que, “como Estado estamos llegando tardía e insuficientemente”, en términos de prevención y atención a las poblaciones afectadas
En consonancia con lo revelado por la Defensoría del Pueblo, la Oficina para Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas (OCHA, por sus siglas en inglés) reportó qué, durante el año 2021, 130.175 personas resultaron afectadas por desplazamiento y/o confinamiento en el país, de las cuales 97.631 corresponden a habitantes de los cuatro departamentos del Pacífico colombiano, con un total del 75 por ciento de los afectados nacionales.
Desplazamiento intraurbano
Dentro de las situaciones de orden público que afrontan las comunidades del departamento del Chocó, el defensor Murillo resaltó la “urbanización del conflicto a través de la tercerización que adelantan las AGC y el Eln con bandas delincuenciales”. Para la entidad, se estarían instrumentalizando jóvenes en cascos urbanos como Bahía Solano y Quibdó.
“Durante el año 2021 registramos 250 denuncias por desplazamiento intraurbano en Quibdó, por presiones de bandas delincuenciales ligadas a estructuras subversivas”, señaló el funcionario, quien precisó que, el registro de personas y familias afectadas por desplazamiento intraurbano es mayor si se añaden las cifras de la personería municipal y otras entidades.
Según denunció el concejal de Quibdó, Bower Hansen Mosquera, durante enero de 2022, la capital chocoana registró 22 homicidios y un número creciente de desplazamientos sin registros por falta de denuncias formales.