¿Aumentará la informalidad laboral en Colombia por el Covid-19?

Por: Carolina Bustamante

Por lo menos 14 millones de colombianos vivían del trabajo informal en el país hasta el pasado mes de marzo, cuando inició el aislamiento preventivo a causa de la emergencia sanitaria por la Covid-19, reveló el Observatorio Laboral de la Universidad del Rosario -LaboUR-, no sin antes aclarar que el aumento podría ser dramático si se tiene en cuenta que, en los últimos tres meses, el desempleo llegó a los 5 millones de habitantes como lo reportó el Departamento Administrativo Nacional de Estadística -Dane-.

Es imperativo entender cómo se entiende desde el Estado la informalidad laboral y cómo distan sus cifras de los centros de investigación y análisis para así tener un panorama más amplio sobre las amenazas que hoy vive esta población, como mayor acaparamiento y competencia en medio de la informalidad, migración a la ilegalidad, rotación de dineros ilícitos a través de prestamistas y futuras manifestaciones sociales.

“La informalidad no está ligada en Colombia al reconocimiento de derechos laborales como un contrato con todas las garantías y prestaciones de ley, porque según el Dane, ocupado es aquella persona que labora por lo menos una hora remunerada a la semana”, explica Iván Daniel Jaramillo, miembro del LaboUR, y en esa línea, la entidad afirma que Colombia llegó al 47.8 por ciento de informalidad laboral. Sin embargo, para el Observatorio los estudios dan cuenta de por lo menos un 66.3 por ciento.

Los departamentos del país con las cifras más altas de trabajo informal son: Norte de Santander (Cúcuta 71.4 %), Sucre (Sincelejo 67.5 %), La Guajira (Riohacha 63.9 %), Magdalena (Santa Marta 66.2 %) y Cesar (Valledupar 61.4 %). Y a estas cifras oficiales se suman para LaboUR ciudades como Neiva, Armenia y Quibdó, con índices que superan el 50 por ciento de desocupación en su población total.

La economía del rebusque

Desde su lugar de trabajo actual, la calle, porque tenía un puesto estacionario que por medidas preventivas contra el Covid-19 le fue obligado a cerrar hace dos meses, Jorge Enrique Morales, presidente del Sindicato de Vendedores Informales de Norte de Santander -Sinvanors-, dice que Cúcuta es una ciudad que no cuenta con suficientes fábricas y empresas que proporcionen trabajo formal a su población.

“La mayor parte de su población vive del comercio y la venta ambulante que, por cierto y en medio de esta crisis por coronavirus, está copada por migrantes venezolanos. Pues la falta de oportunidades laborales, aunque sean profesionales, los vuelca a las calles a buscar sustento en la informalidad”, indica Morales.

Pero el tema no termina ahí, señala Jorge. Para el trabajador informal existen muchas trabas o requisitos en el sector financiero para acceder a créditos bancarios, porque no cuentan con la documentación o los respaldos necesarios, situación que en medio de la emergencia económica derivada de la pandemia “nos ha obligado a buscar, cada vez más, a los prestamistas o llamados ‘gota a gota’ para poder solventar la falta de dinero en nuestras casas, y lo peor, tendrán que esperar porque en este momento no hay cómo pagarles”, dice el líder sindical.

Este nortesantandereano lleva 25 años laborando en un puesto estacionario y ahora vende sus productos en la calle, caminando por semáforos o parques desde que la administración municipal pidió el cierre del comercio y la venta informal, dejando casi 7 mil personas en su misma situación sumado a meseros, domiciliarios, comerciantes y hasta empleadas domésticas.

Pero este escenario no es menos complejo del que se vive al interior del país. Cristian Raúl Corredor es el presidente de Asocorabastos (Asociación de Comerciantes y Vendedores Ambulantes de Corabastos), la central de abastecimiento de alimentos más grande del país. Allí la informalidad abunda, pero genera cientos de oficios que le dan de comer a familias que no tienen ningún beneficio laboral de ley.

“Coteros, cargueros, vendedores de tinto, de frutas y verduras, de ollas, entre otros están sin ocupación. No solo por el cierre de la central de abastos, sino porque a los alrededores tampoco es permitido vender. Lo que parece no se ha tenido en cuenta es que la mayoría de esa población o es mayor de los 70 años o son madres cabeza de familia que viven del día a día y si no trabajan no comen ni ellos, ni sus hijos”, afirma.

Según el LaboUR, las medidas de prevención y aislamiento por el Covid-19 generan efectos en los trabajadores informales sobre los empleados que son muy distantes, por ejemplo: “quienes se encuentran en la informalidad, además de no tener oportunidades de teletrabajo, no cuentan con aseguramiento en caso de incapacidad por contagio del virus”.

En este sentido, Cristian explica, solo por dar un ejemplo, que existen tipos de informalidad laboral en Corabastos: aquellos que están autorizados por las directivas de la central de alimentos para operar en su interior y aquellos que no, y entonces tienen que buscar espacios a las afueras para trabajar. “Casi 500 personas son mayores de 70 años y tienen diagnósticos médicos que requieren atención, pero en su gran mayoría no pagan ni seguridad social ni aporte a pensión, lo que los hace más vulnerables y el problema es que a la fecha, no se les ha realizado ni siquiera un tamizaje para ver cómo están”.

Aportes desde el Gobierno

Está situación generó que desde el Gobierno Nacional se creara una ‘Misión de Empleo’ junto a diversos sectores económicos, centrales obreras y entidades del Estado para formular propuestas encaminadas a mitigar la crisis por la pandemia, privilegiando la protección del trabajo y la formalización laboral.

Algunos de estos programas son:

• Ingreso Solidario: Aporte de 160 mil pesos para empleados informales y desempleados.
• Familias en Acción: Aportes monetarios por familia, población vulnerable, con menores de edad, población adulta y/o en estado de discapacidad.
• Devolución del IVA: Compensación económica a hogares en situación de pobreza en busca de mejorar capacidad de consumo.
• Colombia Mayor: Entrega de un subsidio económico para proteger población adulta que se encuentra en la extrema pobreza, no cuentan con salud ni pensión y/o viven como habitantes de calle.
• Jóvenes en Acción: Brinda apoyo a jóvenes en situación de pobreza y vulnerabilidad para que continúen sus estudios técnicos, tecnológicos y profesionales.
• Bogotá Solidaria en Casa: Un sistema que permite la entrega de un ingreso mínimo garantizado a las familias más vulnerables de la capital por el tiempo que dure el aislamiento preventivo por Covid-19.

Reincidencia y migración a la ilegalidad

Abordar los problemas, implicaciones y consecuencias de la informalidad laboral en el país trae a colación según Fabio Arias, fiscal nacional de la Central Unitaria de Trabajadores -CUT-, no solo el aumento sustancial que se dará de oficios no formalizados terminada la emergencia sanitaria y la competencia desbordaba que esto puede generar, sino problemas que se viven en la ruralidad, donde hay un 88 por ciento de informalidad y una alta migración a la ilegalidad.

“En el sector agropecuario, el campesino volverá a los cultivos (de uso) ilícito porque no se les ha dado otra opción. El Gobierno liberó por decreto la importación de alimentos con cero aranceles, lo que impide al agricultor llegar a unos mercados ya copados”, indica Arias.

Existiendo 14 millones de personas en el país sin derechos laborales, sumado a 5 millones de desempleados en este momento, sostiene el analista laboral, Iván Jaramillo, se corren otros riesgos: “El aumento en la inactividad, de quienes ya no buscan trabajo, sumado al aumento del desempleo, genera más presión a la informalidad. Y esas personas que migran a la informalidad son muy difíciles de recuperar tiempo después para el sector formal”.

La meta del cuatrienio del gobierno de Iván Duque estaba trazada en terminar con una tasa de desempleo del 7.8 por ciento, esto antes de la pandemia, pero según los analistas laborales citados en este informe, es probable que esa meta cambie a corto plazo, pues después de la emergencia será difícil mantener esas cifras.

“Un pueblo con hambre es un pueblo que se puede revelar, sobre todo si se acaban las reservas definitivamente y no hay con qué darle de comer a las familias”, asegura Cristian Corredor desde Corabastos. Y lo apoya la CUT advirtiendo que no en mucho tiempo “se viene un estallido social fuerte para el país”.

Escuche el informe completo sobre la informalidad laboral en la pandemia aquí: