Ante la avalancha de versiones, la cartera de Agricultura señaló que se proponen topes máximos del 5% para pequeños propietarios, del 20% para medianos y del 300% para grandes, aplicables al 5% de todos los propietarios en el país.
El anuncio lo hizo Mojica, junto al director general del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), Gustavo Marulanda, en la presentación del proyecto de ley que aborda los límites de aumento del impuesto predial.
Ante la existencia de dos leyes, existe confusión y notables incrementos, llegando hasta el 1.000% después de actualizaciones catastrales, de manera que la iniciativa del Ejecutivo tiene como objetivo establecer topes para el incremento del impuesto predial.
El proyecto no está dirigido a las ciudades capitales, sino a los 905 municipios que tienen un Índice Predial Urbano (IPU) registrado por debajo del 19% del valor real de los predios.
La medida pretende fortalecer las finanzas territoriales y otorgar mayor autonomía a cada entidad, permitiéndoles regular el crecimiento del impuesto predial, a través de sus estatutos tributarios.
La unificación de leyes, junto con la aplicación de límites proporcionados, tiene como objetivo mitigar los impactos negativos que las actualizaciones catastrales desproporcionadas tuvieron en los ciudadanos.
Este enfoque busca equilibrar la carga fiscal, garantizando un tratamiento más justo y progresivo para los propietarios en diferentes escalas, con miras a fortalecer las finanzas municipales y preservar la equidad tributaria.
Este proyecto de ley se originó, a través de un consenso técnico entre el Ministerio de Hacienda, el Departamento Nacional de Planeación, el Departamento Nacional de Estadística y el IGAC, teniendo en cuenta las finanzas municipales.
Según la Ministra, el propósito de la iniciativa es abordar la disparada del impuesto predial en municipios como Antioquia, Cundinamarca, Valle, Santander y Risaralda, causada por la actualización catastral.
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"Hemos evidenciado, durante los últimos dos años, una disparada del impuesto predial debido a la actualización catastral, y nuestra intención es fijar topes para evitar futuros ejercicios de actualización catastral que generen crisis social", afirmó la ministra.
Marulanda respaldó la propuesta, señalando que en Colombia, en promedio, han pasado más de 16 años desde la última actualización catastral.
El director del Agustín Codazzi destacó la importancia de la actualización catastral con enfoque multipropósito, subrayando los aspectos ambientales y de ordenamiento territorial.
"La idea es que el que tiene más, pague más, pero ese pague más esté limitado de manera efectiva para que ese crecimiento de manera equitativa sea mucho más sensato frente a la capacidad de pago de los contribuyentes", afirmó.
Mojica explicó que el catastro multipropósito es esencial para la reforma agraria, ya que recoge información crucial sobre predios y su valor para efectos tributarios.
También destacó la necesidad de contar con información actualizada para implementar políticas de formalización masiva de propiedad rural.
Enfatizó que el proyecto de ley, compuesto por cuatro artículos, no busca cambiar las formas ni las determinantes del catastro, sino regular el impacto de la actualización en el valor de los inmuebles.
Durante los procesos de actualización, se observó un incremento sustancial que llevó a algunos propietarios a pagar hasta un millón de pesos. El proyecto propone topes graduales y progresivos según el valor de los predios para evitar saltos abruptos.
En el pasado año, se constató que casi el 90%, de los cerca de $10 billones recaudados por concepto de impuesto predial, provino de las ciudades, siendo la mitad de esta cifra atribuible a Bogotá.
La Ministra afirmó que el proyecto de ley no resultaría en un incremento del 300% en el impuesto predial, salvo en el caso de viviendas rurales con un valor superior a 600 millones de pesos y que no hayan sido actualizadas.
Ante el pronunciamiento de Camacol sobre esta medida, Marulanda afirmó que “el catastro multipropósito y esta medida en los tributarios van a contribuir a que se les facilite a todas las entidades, incluyendo a Camacol, en el caso de la vivienda, precisamente el desarrollo de sus proyectos inmobiliarios”.
Cabe destacar que la disparidad en la actualización catastral en áreas rurales se percibe como una urgencia para asegurar el cumplimiento de las responsabilidades financieras de los municipios y del Estado Social de Derecho.