La activista Andrea Padilla y el abogado Luis Domingo Gómez radicaron una tutela pidiendo que se deroguen los permisos que la Alcaldía de Bogotá haya concedido para hacer shows de juegos pirotécnicos en diciembre, con el fin de proteger los derechos de los animales.
Según el recurso, con los estallidos de la pólvora los animales domésticos y silvestres sufren y, por ejemplo, "las aves abandonan sus nidos, animales de distintas especies tienen abortos y mueren por infarto, y cientos de perros y gatos se extravían".
Por estos hechos, los tutelantes piden la protección de los derechos a la tranquilidad, igualdad, libre desarrollo de la personalidad, intimidad personal y familiar y a la libre locomoción de los animales, así como la protección de los derechos de las familias multiespecie, de los perros y gatos en condición de calle y de los demás animales de especies silvestres y domésticas que habitan en Bogotá y que corresponden a más de 1.300.000.
"Invocamos la agencia oficiosa en favor de los cientos de miles de familias multiespecies que habitan en el Distrito Capital, teniendo en cuenta la imposibilidad de que todas ellas interpongan, cada una, una acción de tutela. Una muestra del interés de las familias multiespecie en las pretensiones de la presente acción son las 10.750 firmas que se presentaron ante la Alcaldía Mayor de Bogotá en 2020, solicitándole que se elimine el uso de la pólvora tradicional en las celebraciones públicas de la temporada decembrina en Bogotá", se advierte.
Por lo que piden que se ordene a la Alcaldía Mayor de Bogotá regular el uso de la pólvora, así como a las 20 alcaldías locales de la ciudad, "no autorizar eventos de pirotecnia tradicional y suspender los permisos vigentes, hasta tanto se regule el uso de pólvora tradicional con medidas que garanticen la protección de las familias multiespecie, los animales en condición de calle y los animales sinantrópicos y silvestres que habitan en la ciudad".
Finalmente, piden que se promueva el uso de la pólvora insonora o los shows de luces para garantizar la protección de los derechos de todos.