La Contraloría General del Magdalena, a través de un comunicado, dio a conocer que adelanta procesos fiscales en contra del exalcalde de Salamina, José Nicolás Díaz Marchena, y el actual alcalde de ese municipio, Luis Ramón Orozco.
El órgano de control argumentó que, contra Díaz Marchena, quien fue mandatario municipal de Salamina en el periodo 2016 -2020, cursan dos Procesos Ordinarios de Responsabilidad Fiscal con radicados 903 – 2021 y 904 – 2021, por presuntas irregularidades en la ejecución del contrato del Programa de Alimentación Escolar (PAE).
Indicó que en las investigaciones evidenciaron un incumplimiento del que se presume la configuración de un detrimento patrimonial y también, otras inconsistencias en un contrato de prestación de servicios, cuyo propósito era cancelar a un tercero honorarios profesionales para desarrollar funciones que de acuerdo al manual de funciones se encuentran asignadas al tesorero municipal, observándose además que el contratista no aportó los documentos requeridos en la etapa precontractual y solamente habría una certificación de cuenta bancaria.
“El exmandatario rindió versión libre en ambos procesos y fue citado para el mismo fin, el día 14 de julio de 2023, David José Escalante Yejas, extesorero de Salamina”, sostuvo la Contraloría del Magdalena.
Por otra parte, el órgano de control expuso que el actual burgomaestre de Salamina, Luis Ramón Orozco, fue sancionado dentro del proceso administrativo sancionatorio fiscal No. 010 de 2023 con la suma de $17.491.476 por la rendición de información inexacta y las irregularidades en la presentación de la cuenta anual consolidada 2021.
“En el marco de un proceso de jurisdicción coactiva se decretó el embargo de su salario por la suma de $7.102.733, debido a los múltiples incumplimientos en allegar información requerida por este órgano de control”, añadió.
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En el mismo documento, la Contraloría del Magdalena aseguró que profirió dos fallos con Responsabilidad Fiscal en contra José Darío de Ávila Cantillo, en calidad de exalcalde del municipio de Chibolo, por su gestión antieconómica que derivó en un detrimento patrimonial que supera los $50.000.000.
“Los anteriores fallos se produjeron por manejos irregulares y sobrecostos en la construcción de un puente de estructura metálica, ubicado en el barrio 23 de abril de ese municipio y por la contratación para la construcción de un puente en la vía del camino de “El Mocho Kilometro 16” que nunca se construyó”, argumentó.
Igualmente, la Contraloría dictó fallo con Responsabilidad Fiscal en contra del exmandatario municipal de Nueva Granada, Joaquín Alfonso Cortina Sulbarán, con ocasión al daño patrimonial causado por la suma de $ 240.737.238.
“Dicho fallo se produjo por una gestión fiscal irregular, que violó los principios de economía, eficiencia y eficacia, al adquirirse un sistema de cámaras de monitoreo para la seguridad ciudadana en el casco urbano del municipio, que en ningún momento entró en funcionamiento”, detalló el organismo.
El ente de control también agregó que emitió fallo con Responsabilidad Fiscal en contra de Adin Farid Barrios Meneses, en calidad de exalcalde de Pedraza, por la inconclusa remodelación y ampliación de la sede administrativa de la alcaldía que generó un detrimento patrimonial por valor superior a la suma de $140.000.000.