Condenan a la Nación por caso de ‘falso positivo’ en el Valle del Cauca
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca condenó a la Nación, representada en el ministerio de Defensa y el Ejército Nacional, a pagar más de 1.300 millones de pesos por la ejecución extrajudicial de Herney Albeiro Garzón Atehortúa, un civil que fue presentado como una baja en combate en el municipio de Roldanillo (Valle del Cauca) en 2004.
En el fallo, se precisó que a los padres e hijos de Garzón Atehortúa les corresponden 150 salarios mínimos legales vigentes, mientras que a sus cinco hermanos 75 salarios mínimos legales vigentes para cada uno, “las condenas señaladas serán liquidadas con el valor que el salario mínimo mensual legal vigente tenga a la fecha de ejecutoria de la presente providencia”, aclaró.
Adicionalmente, el ministerio de Defensa deberá reparar con $386.919.863 de pesos a los hijos de Garzón Atehortúa, mientras que el Ejército Nacional tendrá 10 días para realizar un acto de excusas públicas por la desaparición de este hombre, quien valga recordar, no hacía parte de ninguna organización ilegal, ni estuvo presente en algún combate.
En este caso destacó el Tribunal “las anomalías en las trayectorias de los disparos y las lesiones de la víctima directa, que permiten inferir que no se presentó un enfrentamiento armado o combate entre miembros del Batallón de Infantería No. 23 y presuntos integrantes de las Autodefensas Campesinas del Valle (ACV), por el contrario, se evidencia que el Ejército Nacional incurrió en una falla del servicio al causar la muerte de manera dolosa a una persona ajena al conflicto armado interno, sin que se demostrara la existencia de una eximente de responsabilidad”.
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Igualmente, el Tribunal ordenó que en máximo tres meses el Ejército diseñe un seminario, foro o taller en el que capacite a los militares que integren el Batallón de Infantería No. 23 de la Tercera Brigada del Ejército Nacional, “acerca de las consecuencias, responsabilidades y sanciones que para el Estado colombiano representan o generan conductas u omisiones en su deber, así como las restricciones sobre el uso de armas de fuego y el respeto por la vida humana”, explicó.
Garzón Atehortúa era un comerciante y el día antes a su muerte había hablado con sus familiares sobre una venta de mercancía en el Valle del Cauca; en el momento que se encontró con los militares, estos le dispararon en dos oportunidades acabando con su vida y después creando una historia que justificará su muerte como un resultado en el combate.
“Resulta anormal que el señor Garzón Atehortúa, si hipotéticamente se disponía al combate, llevará consigo una billetera, con su cédula de ciudadanía, tarjeta débito de Bancolombia y tarjeta de afiliación a Confama”, concluyó.
