Aunque a través de una tutela, Reficar pretendía tumbar una condena en su contra por más de 30 mil millones de pesos por las irregularidades en el proyecto de ampliación de la refinería de Cartagena, entre las que se encuentra incumplimiento del contrato y pagos extemporáneos, el Consejo de Estado no accedió a las pretensiones y declaró improcedente la tutela.
El alto tribunal consideró que no se cumplió con el requisito de relevancia constitucional, más cuando estas pretensiones ya habían sido negadas por el Tribunal de Arbitramento y aunque Reficar planteó que se violaron sus derechos fundamentales, este planteamiento está basado en un debate probatorio y económico que ya fue resuelto.
"El fallo arbitral comprende la sanción por el incumplimiento de contrato, el pago de intereses moratorios y la liquidación de los compromisos contractuales que eran exigibles", explicó.
El Consejo de Estado señaló que este tipo de acción de amparo "no está prevista para convertirse en una tercera instancia de las pretensiones desatendidas por el juez natural de la causa", además que este tipo de procesos, se fundamentan en la intención de las partes de no someterse a la aplicación de los mecanismos ordinarios para resolver sus controversias, sino mediante un Tribunal de Arbitramento, según precisó el fallo.