Vulneración a los derechos de los nükak y los jiw sigue en aumento

En medio de una audiencia pública ante la Corte Constitucional, diferentes expertos aseguraron que hay poco cumplimiento por parte de las autoridades para superar la vulneración masiva de los derechos humanos de los indígenas Jiw y Nükak en Guaviare y Meta, por lo que se mantiene el Estado de Cosas Inconstitucional decretado por el alto tribunal.  

De acuerdo con el Defensor del Pueblo, Carlos Camargo, incluso hoy en día se podría decir que la situación de derechos humanos de estas comunidades es más crítica, y no solo por el desplazamiento forzado del que han sido víctimas, sino por otras vulneraciones que han soportado por 50 años.

“La mayoría de las víctimas, el 82%, fueron por el hecho victimizante de desplazamiento forzado. Además, el homicidio también es un problema significativo. La desaparición forzada, las amenazas y la pérdida de bienes también afectaron a un porcentaje considerable de personas con un 4.5%, un 1.3% respectivamente y el secuestro con el 0.6% de los casos registrados”, dijo.

Camargo además indicó que, en los municipios de Puerto Concordia y Mapiripán en Meta, actualmente estas comunidades tienen un riesgo alto por las restricciones de movilidad, la existencia de minas antipersonal y el actuar de los grupos ilegales, entre otros problemas.

“A temprana edad del consumo de sustancias alcohólicas y psicoactivas, son víctimas de varios tipos de violencia, como abuso sexual y explotación sexual, o son víctimas de reclutamiento por parte de los grupos armados ilegales que hacen presencia en la zona y que ejercen un control territorial y social cada vez más fuerte y más afianzado”.

Pero el defensor del Pueblo también destacó que la situación de derechos de los menores de edad indígenas en Guaviare es preocupante pues “con corte a julio del 2023, el Instituto Nacional de Salud notificó 69 casos de desnutrición aguda, moderada y severa en niños y niñas menores de 5 años"

"Respecto al reclutamiento, uso y utilización de niñas, niños y adolescentes, entre 2018 y 2022, según cifras del ICBF han ingresado 12 niñas y adolescentes al programa de desvinculados de la institución", aseveró el defensor.

"De estos, 11 se encuentran en rango de edad de 13 a 17 años, el 58.3% son niños y adolescentes y el 41.7% son niñas y adolescentes. En relación con la violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes, durante el 2018 a mayo del 2023, en el departamento del Guaviare, se han realizado 352 exámenes medicolegales por presunto delito sexual en niños, niñas y adolescentes”, puntualizó Camargo.

Por su parte, Yhajaira González, representante del Pueblo Jiw pidió que esta comunidad sea reubicada, se garantice el acceso a la salud y la alimentación así como a la vivienda digna que se les prometió desde 2014

“Rubicación, acompañamiento de ruta de retornos, vivienda definitiva, agua potable, seguridad alimentaria, salud, no tenemos salud, luz energía no tenemos, pasan las redes por nuestros resguardos, por nuestros asentamientos pero no tenemos energía, lastimosamente, no hay una ambulancia para los pueblos, especialmente para ellos, no hay servicios cuando se llaman”, reveló ante la Corte.

En cuanto a Dajada Nijbe representante del pueblo Nükak, afirmó que así tengan el territorio, el cual está dividido en 23 asentamientos, son víctimas de los problemas de salud y otras problemáticas que afecta a sus jóvenes.

“Miren nuestros jóvenes, están consumiendo droga como marihuana, coca, todo eso es… ¿Qué significa? Nosotros mismos vamos a acabar así. Hablando de salud, ¿qué hace? Nada, no tiene apoyo suficiente, nosotros tenemos allí en Villavicencio como 11 jóvenes sobre de vicio, no quiere apoyar como parte de salud, como instituciones, como funcionarios”, concluyó. 

Adicional a estas vulneraciones masivas, también la Corte Constitucional informó que la Fuerza Pública ingresa a los asentamientos y resguardos y sostiene relaciones con niñas y mujeres indigenas que da lugar a situaciones de violencia sexual y discriminación de género.  

“La Fiscalía General de la Nación reportó un total de 41 casos de violencia sexual en contra de menores de edad y mujeres pertenecientes a estas comunidades, sin embargo, de estos casos. 10 están inactivos y 31 están en proceso de investigación. Las principales formas de violencia sexual identificadas por la Fiscalia incluyen actos sexuales con menores de 14 años, acceso carnal abusivo con menores de 14 años, acceso carnal violento y demanda de explotación sexual comercial de personas mayores de 18 años”, explicó. 

Asimismo la alta corte resaltó que las niñas y mujeres Jiw y Nükak afrontan una situación de mendicidad, drogadicción y violencia sexual. “Esta situación estaría asociada a la interacción de niños y niñas con colonos, y con la insuficiente o inadecuada respuesta institucional para la prevención y protección de la niñez frente a estas situaciones”.