A través de un comunicado, el pasado 3 de octubre el Partido Farc reconoció públicamente lo que ya había expresado en una carta a la JEP: su responsabilidad en el asesinato del líder conservador Álvaro Gómez, cometido el 2 de noviembre de 1995, hace 25 años.
La carta recibida por la JEP en representación del antiguo Secretariado de las Farc-Ep, sugería textualmente ofrecerse a aportar la verdad, para esclarecer los hechos ocurridos y asumir tempranamente la responsabilidad en varios casos, entre ellos el de Gómez.
Sin embargo, el abogado Enrique Gómez Martínez, quien ha investigado el caso, pone en duda la veracidad de la aceptación del crimen por parte de los exguerrilleros.
En entrevista con La Señal de la Mañana, Gómez Martínez expuso sus razones.
¿Cómo reciben ustedes esta noticia y qué esperan de la justicia colombiana?
No me sorprende que se haya construido esta poco probable confesión como un nuevo escenario de desviación y entrabamiento de la investigación. Me ofende que se trivialice esto y que se abuse de las instituciones del proceso de paz para entrar a lavarles las culpas por sus hechos y sus actos a Ernesto Samper y a Horacio Serpa. Creo que lo que afirma las Farc tiene muy poca probabilidad de ser cierto, a través de un análisis lógico muy básico.
¿Por qué las Farc estarían interesadas en atribuirse ese crimen?
Ya han logrado desviar la atención sobre sus otras omisiones en sus comparecencias ante la JEP, y ya eso es un triunfo político importante para ellos. Le han mentido al país con afirmaciones de reclutamientos a menores, fusilamiento, y creo que esta es una ruta con la cual pretenden desconocer algo que les incomoda, que es confrontarse con la verdad a la población colombiana frente a esos crímenes que cometieron en la lucha armada.
Creo que eso es un beneficio, a ese tipo de relaciones les sirve funcionar así, tener un banco de favores con otros miembros del régimen como Serpa y Samper.
Mauricio Gómez escribió una columna para un diario nacional, donde insiste que el verdadero autor del homicidio de su tío es el Gobierno. ¿Cuál sería para usted la verdad?
Creo que hay que abandonar eso de que “cada colombiano puede construir su verdad”, no estoy de acuerdo con eso. Aquí lo que hay es una investigación judicial sería, donde han participado los apoderados defensores de Ernesto Samper y Horacio Serpa durante más de 12 años. Auditada por la Procuraduría y adelantada por la Fiscalía General.
Ahí se han recogido un catálogo de pruebas que confirman la hipótesis de alias Rasguño de manera muy contundente, en un recaudo probatorio muy extenso, son 322 evidencias. Pero por alguna razón esas evidencias no se logran llevar a donde un juez. Nosotros no estamos pidiendo a la Nación colombiana que nos crea a nosotros, estamos pidiendo que esas pruebas recaudadas de manera técnica, sean oídas por un juez.
Ya estábamos a punto de llevar este caso a juicio, con la promesa del presidente Duque y el fiscal Barbosa, y surge a última hora esta declaración, que como digo, tiene muy poco fundamento.
¿Dice usted, entonces, que esta confesión estaría buscando desviar la atención?
Sí, e impedir que vaya a juicio con la hipótesis de Rasguño, claro. Porque si mueven el expediente a la JEP, allá va a quedar enterrado, porque allá no tienen las capacidades para adelantar esta investigación. Obviamente lo que se busca es “devolver al congelador” todo lo que se ha logrado en 12 años de investigación judicial.
Hay un conjunto de pruebas y nadie quiere verlas, ningún juez quiere asumirlas. Nosotros pedimos e insistimos que nos oiga un juez y que decida, y si no le encuentra mérito pues se cierra el caso y ya, se acabó.
Pero es que las pruebas son de tal magnitud, que hay cuatro casos criminales confirmando lo dicho por ‘Rasguño’, por lo menos 35 testimonios de distintos ejes, pruebas documentales, los hallazgos en los archivos del DAS sobre la vigilancia a la que era sometido Álvaro Gómez por el mismo Estado, y ya validados a través de la declaratoria de lesa humanidad.
La declaratoria de lesa humanidad que hace la fiscalía en diciembre de 2017 está basada en que es un crimen de estado, o sea, a pesar de todas esas evidencias que están enterradas donde el juez no las puede ver, nos sale esta nueva versión absolutamente improbable, con poco fundamento.
Tan poco fundamento tiene, que esta guerrilla reconoció crímenes más espantosos a lo largo de su existencia, sin dudarlo ni un segundo. Ahora nos dicen que asesinaron a un exponente de la política colombiana, que fue enemigo de la guerrilla durante toda su vida y ellos se quedaron callados 25 años ante ese “logro” de la lucha revolucionaria. Es muy poco probable.
Alfonso Gómez Mendez, como fiscal general, montó una hipótesis de que habían sido los militares de la Brigada 20. Para quienes no lo conozcan, era la brigada de inteligencia militar, de las Fuerzas Militares del Ejército.
Esa investigación tuvo vinculado al comandante de la Brigada 20, preso, y se defendieron y fueron exonerados en primera instancia por el Juzgado Penal Especializado y en segunda instancia, por el Tribunal Superior de Bogotá. Todos fueron exonerados y el Tribunal Superior de Bogotá dijo que había sido un montaje de la Fiscalía.
¿Ustedes creen que si las Farc hubieran matado a Álvaro Gómez, esos oficiales de la inteligencia no tendrían pruebas o informes que demostraran que eran las Farc? Pues no los hay, no los aportaron, porque no existen. Porque Inteligencia nunca encontró esas evidencias.
¿Qué pretenden ahora? ¿decir que la Policía se alió con las Farc para matar a Álvaro Gómez? ¿O que las Farc participaron con la Fiscalía y la Policía para desviar la atención? Eso no tiene ni pies ni cabeza. Invito a que no se manipule y que la JEP no se preste para lavarle la cara a Samper, sería un costo horrible para Colombia en un proceso en el que hay que ponerle el mejor ánimo posible.
Escuche aquí la entrevista completa a Enrique Gómez Martínez.