Los residentes del barrio Dangond en Valledupar, vecinos de la Cárcel Judicial, ubicada en el centro occidente de la capital de Cesar, siguen manifestando el malestar que les causa el centro penitenciario en el corazón del populoso sector, pues son varias las promesas de mudarlo que les han hecho los gobiernos nacional como local y hasta ahora todo ha quedado en el aire.
Su clamor es porque el centro carcelario registra uno de los índices de hacinamiento más altos de la Región Caribe, con una población reclusa que supera el 255% de su capacidad, teniendo en cuenta que de los 256 reclusos para los que fue construida, actualmente alberga más de 1.500.
Además, aseguran que les toca afrontar el temor que se produce cuando en la cárcel ocurren amotinamientos e intentos de fuga. Recuerdan que el 3 abril de 1997 sucedió el más cruento motín de la historia del penal cuando 10 reclusos se lo tomaron tras apoderarse de las armas y enfrentar a la guardia. La toma duró 12 días y muchas balas rebotaron en las paredes de las viviendas vecinas y todo el barrio estuvo bajo zozobra. Al final la toma dejó cuatro muertos y tres heridos.
“La cárcel judicial en medio del barrio Dangond es una cosa traumática, vivimos con temor y zozobra, no solo cuando hay motines de los presos, sino también los días de visitas que llega mucha gente extraña”, señaló Ana Daza, habitante del sector.
Ahora, con la firma de un convenio entre el ministro de Justicia, Wilson Ruiz, y el gobernador del Cesar, Luis Alberto Monsalvo, para trasladar la cárcel, construir una nueva en las afueras de la ciudad, resolver los problemas de hacinamiento y de inseguridad en ese sector, los residentes del Dangond confían en que se solucione este viejo problema.
“Estamos muy agradecidos por esa decisión del traslado, felices porque por fin vamos a descansar de esa problemática, esperamos que sea una realidad y no se quede en el papel, que no nos engañen como años atrás que decían que iban a trasladar la cárcel y más bien construyeron La Tramacúa y quedamos entonces con dos cárceles”, afirmó el líder comunal Alfonso Medina.
Por su parte Jaine Mora, veedor ciudadano, indicó que “ese traslado era fundamental, así se evita un gran problema, porque una cárcel no puede estar en mitad de un conglomerado humano como el barrio Dangond, causando perjuicio a la comunidad. Es una decisión benéfica y saludable”.
El Ministerio de Justicia y la Gobernación sumarán esfuerzos con la Unidad de Servicios Penitenciarios Carcelarios -Uspec-, y el Instituto Penitenciario y Carcelario- Inpec, para la definición del predio, la creación y ajustes de los diseños, la construcción, dotación, operación, vigilancia y seguridad para la puesta en marcha del centro carcelario que tendría una inversión cercana a los 120.000 millones de pesos para albergar a 1.500 internos.
En menos de seis meses se definirá el lote, mientras que los tiempos de construcción se establecerán de acuerdo al tipo de cárcel que se diseñe.
“El hacinamiento genera tantos problemas que la fuerza pública se queja porque no tiene donde recluir a las personas que detienen y, al mismo tiempo, esto se convierte en un problema para la Fiscalía, que tiene cerca de 80 órdenes de detención engavetadas porque no tienen donde recluir", dijo el gobernador Monsalvo.
Y agregó: “El largo suplicio de los vecinos del Dangond será compensado con un parque temático. Los reclusos cumplirán su pena en condiciones dignas, sin hacinamiento, en una penitenciaría agrícola que transforme su pensamiento, les ofrezca oportunidades y los alisten para una verdadera resocialización. Nosotros aportamos el lote".