Proceso contra el excongresista José Caicedo pasó a la Fiscalía

El pasado 21 de junio, la Corte Suprema de Justicia dictó medida de aseguramiento de detención domiciliaria contra el representante a la Cámara, José Edilberto Caicedo Sastoque, por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación, en el marco de la investigación por hechos ocurridos cuando fue alcalde de Zipaquirá, entre 2004-2007.

Tras esta decisión, el congresista renunció a su curul en la Cámara de Representantes el pasado 19 de julio y aunque no ofreció ninguna declaración sobre el porqué de la decisión, se cree que su defensa buscaba pasar el proceso de la Corte a la Fiscalía.

Ante esto, la Sala de Instrucción de la alta Corte determinó que tras la renuncia de Caicedo y la pérdida de su fuero, ya no tiene la competencia para la investigación, por lo cual el caso fue remitido a la Fiscalía.

Cabe mencionar que cuando ocurren las renuncias, la Corte solo puede mantener la competencia cuando las conductas que se investiguen tengan relación directa con las funciones desempeñadas como congresista, lo cual no ocurrió en este caso.

El magistrado Francisco Farfán determinó que los delitos investigados contra Caicedo no guardan ninguna relación con su actividad como congresistas y estimó que "lo relevante para la extensión del fuero es que en cada caso concreto se constate objetiva y no hipotéticamente el vínculo o nexo existente entre la conducta punible investigada y las funciones del congresista, de tal suerte que aquella "interfiera o genere un riesgo próximo para la función pública" que a este le atribuya la Constitución o la ley, motivo por el cual, no es posible afirmar que la totalidad de actos u omisiones atribuibles a los excongresistas se puedan considerar cobijados o comprendidos dentro del concepto de extensión del fuero".

El proceso penal se realiza por conductas relacionadas con la celebración de un convenio interadministrativo con la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Zipaquirá en 2007, en un contrato que asciende a los 660 millones de pesos.

Se investiga si el entonces alcalde adelantó el contrato, que tenía por objeto la construcción de obras de acueducto y alcantarillado en el municipio de Zipaquirá, cumpliendo principios esenciales de la contratación estatal, como los de planeación y economía.

El contrato se celebró en junio de 2007 y tenía como objetivo la construcción de dos tanques, uno en la urbanización Villa Marina y otro en la Zona Alta de Zipaquirá. No obstante, lo que reprocha el denunciante, Josué Martínez Romero, es que dicho convenio no se cumplió a cabalidad debido a que solo fue construida la primera obra.

También investigan si Caicedo pudo incurrir en peculado por apropiación como ordenador del gasto frente a sus deberes de control, vigilancia y correcta aplicación de los recursos públicos.

Esto teniendo en cuenta que la administración municipal a su cargo habría pagado efectivamente obras públicas que no fueron finalmente construidas, sin que Caicedo Sastoque tomara medidas para que tal afectación del patrimonio público se concretara.