La Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos contra el entonces asesor del Fondo Adaptación, Orlando Santiago Cely y los exgerentes de ese organismo, Carmen Elena Arévalo Correa e Iván Fernando Mustafá Durán por posibles irregularidades en la construcción del puente Hisgaura, ubicado en la vía Curos-Málaga en Santander.
De acuerdo con la investigación del ente de control, al parecer Santiago Cely suscribió los estudios previos para construir el puente, omitiendo incluir aspectos de carácter técnico, por lo que “la obra fue inviable en la ejecución y estructuración durante la etapa de preconstrucción”, explicó la Procuraduría.
Por estas fallas se generaron sobrecostos en el rediseño por $272.922.549 millones de pesos y se produjo un retraso en la entrega del puente que estaba proyectada para el 12 de noviembre de 2016, y a la final fue entregado hasta el 23 de enero de 2020.
En cuanto a Carmen Elena Arévalo, según el Ministerio Público, no habría velado porque los estudios previos y su anexo económico no presentarán deficiencias técnicas, de hecho, fue el contratista quien en 2014 identificó las fallas.
“Los diseños eran antitécnicos, es decir, que Arévalo no realizó u desplegó acciones efectivas y sustanciales que permitiese aclarar la irregularidad de las deficiencias técnicas de los diseños recogidos en los estudios previos (…) dejando la carga en el contratista e interventores, estos últimos que instaron a Sacyr para continuar con la construcción de la obra con los diseños originales”, indicó la Procuraduría.
Por último, el Ministerio Público endilgó cargos a Iván Mustafá quien como gerente del Fondo Adaptación no habría tomado acciones efectivas en la construcción para reducir el riesgo de deficiencias técnicas.
Este puente fue blanco de varias polémicas porque además presentó ondulaciones en los laterales y siete meses después de inaugurado se detectaron unas fisuras en el asfalto y las barandas de los laterales se soltaron pese a que esta mega obra costó más de 100.000 millones de pesos.