El “juicio del siglo”: la disputa por la demarcación de tierras indígenas en Brasil
El Supremo Tribunal Federal de Brasil (STF) retomó este miércoles un juicio que podría poner en jaque centenares de tierras indígenas pendientes de demarcación en el país.
En el llamado "juicio del siglo" sobre los indígenas, la máxima corte decidirá si es válida la tesis del "marco temporal", defendida por el agronegocio con el apoyo del presidente Jair Bolsonaro, según la cual solo deben reconocerse como tierras ancestrales aquellas ocupadas por estos pueblos cuando se promulgó la Constitución brasileña en 1988.
En concreto, el STF debate una causa sobre el territorio Ibirama-Laklano, en el estado de Santa Catarina (sur), que en 2009 perdió su estatus de reserva después de que una instancia inferior acogiera el argumento de que los grupos no estaban viviendo allí en 1988.
Pero, por decisión de la propia corte, el veredicto tendrá repercusión general y podría afectar a muchas otras tierras en disputa.
El juicio se retomó este miércoles por algunas horas, fue suspendido y proseguirá este jueves. Podría prolongarse varias sesiones hasta llegar a un resultado, e incluso podría ser aplazado a pedido de alguno de los 11 jueces.
¿Qué dicen las partes?
Los indígenas sostienen que la Constitución les reconoce sus derechos sobre sus tierras ancestrales, sin prever ningún "marco temporal".
Y afirman que en muchos periodos fueron desplazados de sus territorios, especialmente durante la dictadura militar (1964-1985), con lo cual sería imposible determinar su presencia en 1988.
Los grandes productores rurales sostienen que, en Brasil, con una población de 213 millones de habitantes, los 900 mil indígenas ya tienen mucho territorio -un 13% de la enorme superficie del país-, y que si no se adopta el "marco temporal" ese número llegará al 28%, unas proyecciones no obstante cuestionadas.
El sector cuenta con el apoyo de Bolsonaro, que hasta ahora ha cumplido su promesa electoral de no demarcar "ni un centímetro más" de tierras indígenas.
El FPA, el lobby agropecuario en el Congreso de Brasil, sostiene que las tierras indígenas actualmente en fase de estudio "se están expandiendo a áreas que generan los mayores valores productivos" del agronegocio, lo que podría tener un gran impacto en un sector vital para la economía de Brasil.
"No estamos contra la demarcación de las tierras indígenas, defendemos que el productor rural no sea perjudicado en el proceso", declaró el presidente del FPA, el diputado Sérgio Souza.
¿Qué impacto puede tener el fallo en las tierras indígenas?
Si el STF aprueba la tesis del marco temporal, los indígenas podrán ser expulsados de sus tierras si no demuestran que estaban ahí asentados el día en que fue promulgada la Constitución.
Según datos del Instituto Socioambiental (ISA), que defiende los derechos de los pueblos originarios, de las 725 tierras indígenas existentes, la gran mayoría en la Amazonía, el caso puede afectar por lo menos a 237 que están en proceso de demarcación. Una parte de las que no están todavía demarcadas son revisadas por la justicia.
"La perversidad del caso es que los pueblos indígenas, que suelen tener tradición oral, tendrán que probar hechos que pasaron hace 32 años", explicó a la AFP Juliana de Paula Batista, abogada del ISA.
Además, los indígenas alegan que las reservas, vitales para contener el galopante avance de la deforestación en Brasil, quedarían todavía más expuestas a invasores de tierras y mineros ilegales.
¿En qué fase se halla el proyecto de ley?
Bolsonaro y sus aliados del agronegocio impulsan paralelamente un proyecto de ley que pretende instaurar también el "marco temporal" y que abre espacio a la explotación económica de las reservas.
El texto tiene que ser debatido en la Cámara de los Diputados, para lo cual todavía no hay fecha. Y en caso de que sea aprobado, será analizado por el Senado.
Una decisión contra el "marco temporal" en el STF "no invalidaría automáticamente la decisión del Congreso, pero sería temerario que el Congreso promulgara una ley con contenido ya declarado inconstitucional por la máxima corte. Posiblemente sería declarada inconstitucional", explicó la abogada del ISA.
