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Puntos de vista: justicia restaurativa en Colombia

En Puntos de Vista analizamos la justicia restaurativa en Colombia.
Puntos de vista 28 de febrero  justicia restaurativa
Foto: Pixabay
Radio Nacional de Colombia

El término de justicia restaurativa no es nuevo en Colombia, pues fue pilar fundamental de la Ley de Justicia de Paz en 2005, que significó la desmovilización de grupos paramilitares, al igual que ha sido un bastión en la actual Jurisdicción Especial para la Paz.

A diferencia la justicia ordinaria, o retributiva, que busca principalmente castigar al ofensor y no considera a la víctima como parte del proceso penal, la justicia restaurativa tiene la finalidad de que el ofensor se haga responsable por sus actos y repare a la víctima, que debe ser central en el proceso.

La justicia restaurativa es aplicada también para el juzgamiento y sanción de menores de edad. 

En Colombia, esta modalidad caracteriza el Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes, que opera para investigar y decidir las acciones a seguir con los adolescentes de 14 a 18 años que se ven comprometidos en algún delito.

El Gobierno Nacional ha venido trabajando sobre cómo se incluirá la Justicia Restaurativa dentro del proyecto de reforma a la justicia que el gobierno planea presentar al Congreso.  

En particular, la Justicia Restaurativa para adolescentes es una forma de entender y afrontar los conflictos, la violencia y los delitos que involucran a menores de edad, víctimas y comunidad. Además, este enfoque promueve la participación de los involucrados en el conflicto, la violencia o el delito, procurando la reparación emocional, material y/o simbólica del daño.

En ese sentido, la Justicia Juvenil Restaurativa promueve la responsabilidad del adolescente en conflicto con la ley, haciendo que el adolescente tome conciencia del daño ocasionado por su comportamiento.

Según el informe ‘Colombia: Briefing Departamental Valle del Cauca’, entre 2018 y 2022, el departamento se convirtió en un destino de nuevos desplazamientos masivos e individuales de departamentos como Chocó, Cauca, Risaralda y Nariño. Durante el primer semestre de 2022, alrededor de 8.128 personas se desplazaron forzosamente, según la Unidad para la Atención y Reparación Integral de Víctimas (UARIV).

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