¿Qué esperan los colombianos de los nuevos funcionarios elegidos este domingo?

Colombia y los candidatos a ocupar los cargos de alcaldes, gobernadores, concejales, diputados y ediles en las elecciones territoriales que se llevarán a cabo este 29 de octubre en Colombia se enfrentan a grandes desafíos para lograr cumplir con las principales demandas y peticiones de los colombianos en diferentes áreas. 

Encuestas, reportes e informes dan cuenta de la importancia de abordar temas comunes como seguridad, salud y atención médica, empleo, lucha contra la corrupción, educación de calidad, infraestructura y conectividad, migración, participación ciudadana, y los específicos de cada región.

No obstante, para Jaime Andrés Wilches, politólogo, doctor en Comunicación y docente del Politécnico Grancolombiano, las preocupaciones del país, que él considera se dan en tres niveles: las de política pública, las de los intereses de los candidatos y las de los ciudadanos, parecen no tener puntos en común.

“En política pública, hay una serie de temas a los que se debe dar continuidad o deben crearse pero estos no coinciden con los intereses de la ciudadanía justamente porque esos ciudadanos están desconectados de lo que se hace en política pública, razón por la que los asuntos electorales terminan siendo casi siempre son los mismos, y los discursos siendo planos”, señala Wilches.

Por ejemplo, agrega, en el caso de Bogotá y Cundinamarca, la movilidad es fundamental de solucionar pero es un tema que no puede reducirse a la discusión del metro o del Regiotram, ”pues se vuelve un asunto monotemático, carente de elementos técnicos, y de un desconocimiento, por parte de los candidatos y de la ciudadanía, de las nuevas dinámicas de densidad demográfica y movilidad. Es un tema mucho más profundo que exige que haya una conexión entre los planes de desarrollo de la ciudad y el departamento”.

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La encuesta más reciente de Invamer señala, por otra parte, que orden público, seguridad y economía- con un porcentaje del 26% de los colombianos encuestados- se ubican entre los aspectos que más preocupan.

El Defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis, recientemente alertó ante lo que podría ser el escalamiento de la conflictividad social en el marco del proceso electoral, e hizo un llamado al Estado a prevenir el riesgo de conflictos sociales en 133 municipios de 24 departamentos y en cinco localidades de la capital del país.

A ello se suma la preocupación por el ambiente de violencia política que no cesa en el país. La Misión de Observación Electoral (MOE) reveló que un total de 179 candidatos han sufrido de algún tipo de violencia, lo que representa un considerable incremento del 37,7% en comparación al 2019 y del 101% en comparación al 2015 en relación con las pasadas elecciones regionales.

Por el país

En ciudades como Barranquilla, según la más reciente encuesta de percepción ciudadana de ‘Barranquilla Cómo Vamos’, tres temas se ubican entre los fundamentales de la ciudad y ameritan los mayores esfuerzos: salud, empleo y educación, con el 26%, el 15% y el 13% respectivamente. Para Oriana Álvarez Vos, directora de Fundesarrollo, según el reporte, “si bien en salud se ha logrado mejorar la infraestructura y la prestación del servicio, persisten falencias en la atención inmediata”.

En cuanto al empleo, donde son las mujeres con el 16%, quienes reclaman mayores oportunidades de trabajo, Efraín Cepeda, presidente del Comité Intergremial del Atlántico, considera un reto mayor reducir la informalidad empresarial y la informalidad laboral. Mientras que en educación, los desafíos se concentran principalmente en trabajar en la calidad y acceso a la educación superior.

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En la región de la Orinoquía, de la que hacen parte los departamentos de Arauca, Meta, Casanare, Vichada, el principal problema, según señala el profesor de derecho de la Universidad Nacional de Colombia, Edgar Augusto Ardila Amaya, es la desigualdad económica. “Esta es una zona que cuenta con muy buenos recursos naturales, tiene una economía más o menos estable, sin embargo, existe una gran brecha en la distribución del ingreso, que se refleja en altas tasas de pobreza monetaria y de pobreza absoluta”, apunta.

A ello se suma el fenómeno de violencia que azota la región, principalmente en Arauca, allí hacen presencia los grupos armados ilegales, donde se ha mantenido la guerra entre guerrillas del Eln y las disidencias, y donde persisten actividades relacionadas con el narcotráfico y la minería ilegal.

“Muchos factores han hecho también que esta población se sienta excluida y marginada de las políticas y presencia del Estado. Eso ha mermado la confianza en las instituciones, así como la participación electoral, siendo una de las más bajas del país con un 35%”, explica Ardila.

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La región amazónica colombiana, por otra parte, demanda priorizar una agenda que tenga en cuenta las afectaciones que la deforestación y el cambio climático generan en sus territorios. De acuerdo con WWF Colombia, la crisis de pérdida de biodiversidad y los impactos del cambio climático requieren que los gobernantes pasen del discurso a la acción para asegurar la salud del planeta y el bienestar de las comunidades.

En las dos últimas décadas, la pérdida de bosques en Colombia ha superado los tres millones de hectáreas, la mitad de ellas en la región amazónica, siendo el acaparamiento de tierras, las prácticas insostenibles de ganadería extensiva, los cultivos ilícitos, el desarrollo ilegal de infraestructuras, la extracción ilegal de minerales, la tala ilegal y la expansión de la frontera agrícola en zonas no permitidas los principales motores de la deforestación en el país, señala la organización.

“Los nuevos mandatarios deben trabajar fuertemente para impedir la alteración de la Amazonía, que cambiaría drásticamente el clima del planeta”, advierte Luz Ángela Flórez, coordinadora de la región Amazonia en WWF Colombia.

Con respecto a Bogotá, dice el profesor Jaime Andrés Wilches, además de la movilidad, es importante que se adopte una política de ciencia, tecnología e innovación, “un tema que poco se ha abordado, sobre todo en torno al futuro de las ciudades inteligentes, la ciberseguridad (que no se limita a poner càmaras, sino como un concepto amplio de bienestar), y al uso efectivo y eficiente de los servicios públicos, entre otros”.

El catedrático enfatiza, así mismo, en el reto que representa para la capital colombiana, y en general para gran parte del país, la seguridad que “no se reduce poniendo cámaras, ni haciendo populismo punitivo de meter a la cárcel a todos los infractores. Es determinante que se entienda que la seguridad abarca un concepto multidimensional, que incluye el bienestar y la prevención. Que la inseguridad se combate con un análisis de los sectores donde se generan los mayores índices de eventos, y a través de políticas de educación, de transformación cultural que han demostrado que se pueden lograr cuando hay una intervención decidida y técnica de las instituciones estatales”, apunta Wilches.

Según el DANE, los municipios con más informalidad en Colombia actualmente son Sincelejo (68,8%), Valledupar (64,6%) y Riohacha (62,4%); y los menos afectadas son Bogotá (32,9%), Manizales (33,1%) y Medellín (38,8%).