Los detalles del proyecto contra la corrupción que presenta hoy el Gobierno

En próximas horas, el Gobierno Nacional radicará ante el Congreso de la República el proyecto de ley con el que se busca combatir la corrupción en el país. La iniciativa fue desarrollada en cabeza del presidente Iván Duque, junto a entidades 25 entidades del Estado, entre las que están la Fiscalía, la Procuraduría, la Defensoría, la Contraloría, la Dian, las superintendencias de Sociedades, Comercio y Financiera, entre otras.

En entrevista con Radio Nacional de Colombia, la vicepresidenta Marta lucía Ramírez, expuso los principales puntos de esta iniciativa compuesta por 12 capítulos, donde se establecen acciones para prevenir, disuadir y sancionar las conductas relacionadas con este flagelo.

“Hemos estado trabajando en distintos escenarios para poder impulsar las iniciativas legislativas que nosotros, y que alguno otros, han planteado, porque aquí recordemos que hizo el referendo contra la corrupción, ha habido iniciativas por parte de la Contraloría, la Procuraduría, de la Fiscalía General de la Nación y de esta manera entonces tenemos hoy un proyecto de ley que tiene varios puntos muy importantes”, expuso la funcionaria.

Ramírez señaló que este proyecto integral anticorrupción aborda en primer lugar la protección de las personas que presentan denuncias, con lo que se promueve que los hechos irregulares se den a conocer con información y pruebas, salvaguardando la identidad de los denunciantes.

“Esto es muy importante porque nos ha demostrado la experiencia de muchas personas que no denuncian por temor, por temor a perder el tiempo, por temor a las represalias, porque obviamente saben que eso tiene consecuencias, porque muchas veces los procesos, desafortunadamente, digámonos la verdad, no progresan, entonces la gente prefiere no denuncia”, sostuvo.

Así mismo, se contempla la responsabilidad de las personas jurídicas y su accionar cuando se busque favorecer intereses particulares. “Lo hemos visto en el caso de Odebrecht, cómo hay empresas que se organizan para cometer actos de corrupción, para a través de la corrupción ganarse mucha más plata, darle más rentabilidad a sus accionistas”, agregó Ramírez.

La vicepresidenta explicó que también se mejora todo lo relacionado con endurecer las condiciones de extinción de dominio a bienes de personas corruptas, con el fin de recuperar los recursos robados.

“Necesitamos de verdad que se le quitan los bienes a los corruptos. Los colombianos necesitamos ver realmente que esta impunidad no se vea además, ahí sí coronada, con el hecho de que les dan casa por cárcel y después salen a gastarse la plata que le robaron a los colombianos tranquilamente, con toda la ‘desfachatez”, puntualizó.

¿Qué es la norma del beneficiario final?

La funcionaria señaló que muchas veces hay entramados de empresas que se utilizan con fines de corrupción, utilizados simplemente para apropiarse de dineros públicos, e inclusive de dineros privados.

“Vemos entonces cómo una empresa contrata en una parte, incumple el contrato pero después se organiza una nueva razón social y otra nueva empresa, y otra nueva empresa, y contratan, y siguen incumpliendo y va uno a ver y el accionista mayoritario era el mismo en todas la empresas”, anotó.

Para esto, se establece un sistema de información para identificar quiénes son esos accionistas comunes de distintas empresas que están contratando con el Estado y de esta manera determinar el beneficiario final y los bienes a su nombre. De esta manera, en caso de una eventual condena por corrupción, el Estado podrá buscar esos bienes, con información exacta de cómo están diluidos en distintas empresas y con distintas razones sociales.

Ramírez afirmó que la impunidad se da en muchos casos debido a que a los cinco años ya no se puede iniciar una acción disciplinaria en casos de corrupción, por lo que con este proyecto se extiende ese periodo, para que la Procuraduría tenga hasta 20 años para iniciar una investigación.

“Si uno pudiera hoy mirar hacia atrás pues se da cuenta de que hay muchísimos casos que se conocieron con posterioridad, pero que desafortunadamente no tuvieron ningún tipo de sanción y son personas que después inclusive volvieron a estar en el servicio público, después de haber participado en esos hechos”, aseveró.

De igual forma, se crea un sistema de información en donde todas las instituciones del Estado, con competencias en temas de la corrupción, van a compartir información. Esto será a través de una central que será administrada por la Secretaría de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción.

“Acá tenemos que convertir a cada ciudadano en corresponsable de esta lucha contra los corruptos y lograr realmente que en la medida en la que con la extinción de dominio esta corrupción se va a apagar, entonces también que la ciudadanía también sienta que sí va a obtener el beneficio de haber denunciado y de haber actuado”, puntualizó.

Así mismo, recalcó que con esta iniciativa el Estado no se limita a sanciones penales y disciplinarias, sino que también hay un avance importante con la persecución a los bienes producto de la actividad ilícita de los corruptos.

“De todos los bienes que integran su patrimonio hasta la concurrencia de la plata que hayan recaudado de la Nación, de tal manera que aquí se busca la satisfacción realmente de los colombianos de recuperar esos dineros que los corruptos se han llevado y obviamente, también, indemnizar a la sociedad”, resaltó.

En ese sentido, agregó que se contará además con un fondo cuenta que va a manejar la Procuraduría General de la Nación, a donde irán todos estos recursos que se van a destinar para restablecer a la sociedad por esos hechos de corrupción.

Por otro lado, indicó que se tienen grandes ajustes en cuanto a la acción de repetición, refiriéndose a funcionarios que se han prestado o han contribuido en actos de corrupción, pero la condena recae sobre el tercero. "Resulta que no, la sanción económica también va contra el funcionario público, porque si por su actuación facilitó, permitió que se robaran los recursos de los colombianos, posteriormente, cuando haya la condena, la Nación va a poder repetir contra ese funcionario público. ¿Qué quiere decir eso? que van a perseguir también los bienes de ese funcionario público”, señaló.

La funcionaria aclaró además que las personas que han tenido alguna condena por corrupción no van a poder contratar más con el Estado, debido a que quedarán proscritas de la contratación en este sector durante un tiempo significativo. En cuanto a los aportantes de campañas políticas también habrá restricciones.

“Se prohíbe terminantemente que esas personas que aportaron a las campañas puedan contratar con el Estado en ningún área que tenga relación con el cargo con el cual fue elegido ese beneficiario de sus aportes”, aseguró.

Ramírez destacó que este proyecto anticorrupción está basado en un repaso de todas las iniciativas legislativas, proyectos de ley que se hundieron, sentencias de la Corte Constitucional, experiencias internacionales y normas internacionales. Igualmente, comentó que esta iniciativa ya se ha socializado con algunos de los miembros de los partidos políticos, que han mostrado todos su interés en apoyarlo y sacarlo adelante en el Congreso de la República.

“Entonces de verdad que hoy todas las personas que han venido trabajando en este tema con verdadera convicción se pueden sentir representadas, y por supuesto es un proyecto que va a tener el debate necesario en el Congreso para que a través de las ponencias se mejore en todo lo que haya por mejorar”, sostuvo.