Luego de las diferencias que hubo la semana pasada por las responsabilidades de ambas entidades, la Defensoría del Pueblo y la Fiscalía General de la Nación informaron el trabajo conjunto que se tendrá para reducir las altas cifras de asesinatos y amenazas a líderes sociales, especialmente en el corregimiento de El Salado, donde en las últimas semanas se han registrado constantes amenazas.
El defensor del Pueblo Carlos Camargo, aseguró que es muy importante tener claras las cifras de asesinatos a líderes sociales y reconoció que se necesita de un trabajo articulado con la Fiscalía para tener resultados efectivos en las investigaciones.
“Como Defensoría del Pueblo es muy importante el ejercicio que hacemos en el sentido de atender y direccionar las denuncias hechas a través de nuestros funcionarios en terreno y las personas técnicas, y nosotros le damos traslado y remitimos dicha información que se genera a la Fiscalía General de la Nación, para que se haga la correspondiente y efectiva verificación de cada una de las cifras y personas afectadas”, fueron las palabras del defensor Camargo.
Por su parte, el fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa aseguró que se ha venido adelantando un fuerte trabajo de investigación para dar con los responsables de las amenazas a la líder social Yirley Velasco y su familia, desde 2018, cuando ha venido siendo víctima de intimidaciones. Frente a las recientes amenazas a Velasco y otros líderes sociales de El Carmen de Bolívar, se dieron otros anuncios.
“A través de la Dirección de Derechos Humanos se realizó la búsqueda selectiva en base de datos que permitió identificar que el número desde donde fueron enviados los mensajes amenazantes contra la familia de la lideresa, efectivamente correspondía a una línea usada en el mismo corregimiento”, reveló el fiscal General.
Otra de las conclusiones que se dieron en este encuentro fue que se planteó la necesidad de tener un trabajo con un mayor abordaje interinstitucional, por ello se busca la creación de una mesa técnica de seguimiento y acompañamiento a la comunidad de El Salado, con la Unidad Nacional de Protección (UNP), los ministerios, el Ejército y la Policía Nacional, bajo la coordinación misional de la Defensoría del Pueblo y la Fiscalía General de la Nación.