Por: Alejandro Romero.
Tal como lo ha manifestado el presidente Juan Manuel Santos, en algunos de sus discursos, en esta etapa de posconflicto “regiones enteras que han vivido 50 años en la guerra, están viviendo un nuevo amanecer, poco a poco están surgiendo los beneficios y la maravilla de vivir en paz”.
El ministro del Interior, Guillermo Rivera, se une a este balance optimista asegurando que “en el año 2017 la tasa de homicidios fue la más baja en los últimos 42 años”, agregando que “el reclutamiento de menores, el secuestro, la desaparición y el número de personas desplazadas, han disminuido considerablemente”.
En materia de víctimas, para el Gobierno Nacional la cifra de reparación asciende a cerca de 800.000 personas beneficiadas, de los más de 8’600.000 colombianos que resultaron afectados por el conflicto.
Aunque el panorama pareciera ser muy positivo, desde otras miradas, las cosas no van por el mismo camino y no son tan fáciles, tal como lo aseguró el padre Francisco de Roux, presidente de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, en una entrevista concedida al periódico El Tiempo.
Los patrones de la violencia que ha vivido el país “tocan muy hondamente la sensibilidad humana, son muy dolorosos y, por supuesto, dan lugar a sentimientos de rabia, de indignación, de señalamientos, entre unos grupos y otros”, y de mantenerse vigentes en la sociedad “es muy probable que los hechos salvajes que nos ha tocado vivir se perpetúen”.
Teniendo en cuenta la situación real de las regiones y sin ir muy lejos, el gobernador de Nariño, Camilo Romero, ha sido bastante crítico frente al actuar del Gobierno en esta etapa de posconflicto y pide acciones concretas del Estado.
El mandatario regional señala que “es muy difícil enfrentar una situación tan dura en materia de cultivos de uso ilícito, de seguridad y de demanda de proyectos de inversión social, sin recursos”.
La gran expectativa del país surge con los cambios que se puedan presentar ante la llegada de un nuevo presidente que pueda dar continuidad a lo que ya se ha hecho o replantear muchos de los proyectos, con el ánimo de alcanzar resultados concretos.
Para Ariel Ávila, subdirector de la Fundación Paz y Reconciliación, los retos para el próximo mandato “parten de comenzar realmente la implementación, que se convirtió en una deuda inmensa del actual Gobierno”.
Entre las necesidades urgentes a tener en cuenta, está la política de reincorporación de las Farc, en la que Ávila señala que solamente se ha aprobado un proyecto productivo entre los 12.300 guerrilleros desmovilizados y asegura que “si se quiere evitar que vuelvan a delinquir hay que garantizarles un proyecto de vida”.
Por otra parte, un gran desafío para el próximo cuatrienio, desde la óptica del director de la fundación, tendrá que ser el del ampliar el Plan Nacional de Sustitución de Cultivos Ilícitos, en el que la vinculación de familias debe subir de 63.000, en la actualidad, a más de 100.000, en un futuro cercano.
En materia de seguridad, es el narcotráfico uno de los generadores de la difícil situación de orden público que se vive en al menos 76 municipios del país, en departamentos como Norte de Santander, Nariño y Cauca.
A esto se suma el reacomodo de grupos ilegales, que según una publicación de Camilo Echandía, en la Revista Zero de la Universidad Externado de Colombia, se acentúa en zonas como el Catatumbo. “En donde varias estructuras del Ejército de Liberación Nacional y el Ejército Popular de Liberación han expandido su zona de influencia”, también señala el investigador que “en la zona veredal de Caño Indio, en el municipio de Tibú, en el Bajo Putumayo, el único grupo ilegal activo en la actualidad, conocido como La Constru, estaría liderando actividades criminales en espacios de previo control hegemónico por parte de las Farc”.
Adjunto a este tema de seguridad, no se pueden dejar atrás los líderes sociales, que por alzar su voz en contra de la desigualdad y en defensa de los derechos de la comunidad, se encuentran con amenazas que se desencadenan muchas veces en la muerte. Escenario en el que también hay que buscar cambios efectivos.
Para Pedro Medellín, analista en temas de paz, “otro de los desafíos que hay que tener en cuenta es el de la justicia”, en donde muy seguramente el tribunal de la Jurisdicción Especial para la Paz será esencial para que las víctimas encuentren parte de la verdad.
Medellín señala que “en la actualidad los derechos de las víctimas han sido subordinados por los derechos de los victimarios”, teniendo en cuenta que el derecho a hacer política de los que eran alzados en armas se ha sobrepuesto a la verdad del conflicto, solicitada por los afectados de la guerra, hecho que tiene que cambiar en beneficio de todo el país.
Para el analista es claro que la etapa que viene para Colombia es “de cambio”, razón por la que los aspirantes a llegar al Palacio de Nariño tendrán que hacer ajustes, tal como algunos de ellos lo han manifestado.
No hay que desconocer que uno de los retos más grandes para el próximo presidente, que, de no ponerle el debido cuidado, le dificultará cumplir con los demás propósitos, es el que tiene que ver con una verdadera presencia del Estado en materia social.
La labor del próximo mandatario marcará un hito importante para el país y de acuerdo con las decisiones que se tomen el rumbo será positivo, o no. Hay que descartar otros cuantos años de conflicto, sin una salida concreta y definitiva y con nuevos actores que buscarán sus propios beneficios.