En segunda instancia, la Procuraduría General de la Nación confirmó el fallo contra el exsecretario de Seguridad y Justicia de Cali, Carlos Alberto Rojas Cruz, pues “omitió las órdenes que de manera clara le había impartido el alcalde distrital sobre el acercamiento con los líderes de las manifestaciones tendientes a mitigar futuras intervenciones violentas”.
De igual manera, la entidad ratificó lo expuesto en primera instancia por la Regional sobre el rol del exsecretario, quien “únicamente se dedicó a asistir y convocar al puesto de mando unificado presentando estadísticas de la grave situación acontecida, sin realizar ninguna labor contundente para contener la oleada violenta y de actos vandálicos que se agravaban diariamente”.
En su momento, el exsecretario aludió en su defensa, que esta y demás actuaciones de inteligencia le correspondía ejecutar a las Fuerzas Militares, por lo que la Procuraduría le concedió la razón en cuanto a la supuesta omisión en labores de inteligencia, al tratarse de un deber que por disposición legal y constitucional le corresponde a las Fuerzas Militares.
La entidad le ajustó la sanción de diez a cuatro meses al no comprobar la relación entre la omisión de funciones y daño social ocurrido en la ciudad como consecuencia de lo acontecido en el marco de las jornadas de manifestación social, y no evidenciarse que como resultado de su actuación se haya generado desabastecimiento de alimentos, limitaciones en la movilidad o pérdida de bienes públicos.
La falta cometida por el exfuncionario fue calificada de forma definitiva como grave a título de culpa grave.