La Defensoría del Pueblo emitió la alerta temprana 016 de 2024, con la cual advierte el peligro que corren los habitantes de los municipios de Maní, Monterrey, Orocué, Tauramena, Villanueva y sus áreas rurales, en el sur de Casanare, esto por los actos violentos de grupos armados ilegales que buscan el control territorial de esta zona.
"El grupo AGC, en su proceso de expansión, viene posesionándose geoestratégicamente de manera violenta, incluso ha eliminado y replegado pequeñas estructuras de las antiguas estructuras paramilitares que mantenían el control local”, señaló Julio Luis Balanta Mina, defensor del Pueblo de Casanare.
Así mismo, el funcionario de la Defensoría detalló que: “Ello le ha permitido alcanzar supremacía ante los oponentes y enemigos para hacerse al control y articulación del sur del Casanare en espacio geográfico, aceptación de las comunidades rurales y urbanas e ingresos derivados de la dinámica económica del territorio".
De acuerdo con la alerta temprana, el accionar violento de los grupos ilegales tendría en riesgo organizaciones comunitarias y campesinas, víctimas del conflicto armado, niñas, niños y jóvenes, firmantes de paz, entre otras poblaciones de los municipios mencionados.
Estos sectores podrían ser blanco de variadas formas de violencia, lo que vulneraría sus derechos, además de que sería infringido el derecho internacional humanitario (DIH), lo cual coartaría su libertad, integridad y seguridad.
Solicitudes de la Defensoría del Pueblo
La Defensoría del Pueblo le pidió a la Secretaría Técnica de la Comisión Intersectorial para la Respuesta Rápida a las Alertas Tempranas (Ciprat) tramitar 28 recomendaciones a entes nacionales, departamentales y locales, con el fin de que sean atendidas y protegidas las comunidades de los cascos urbanos de Maní, Monterrey, Orocué, Tauramena y Villanueva y de sus corregimientos y veredas.
Al Ministerio de Defensa, a la Policía Nacional y a las Fuerzas Militares las insta a realizar operativos de patrullaje y control, así́ como labores de inteligencia que permitan detectar de manera previa la presencia y accionar de integrantes de los grupos armados organizados.
A la Policía del departamento implementar puestos de control en los corregimientos con posibles pasos de los grupos armados ilegales y en las salidas de los municipios hacia las zonas de la sabana del Casanare.
Al Ejército Nacional, reforzar los controles en zona rural del piedemonte para que neutralice el accionar e intimidación que ejercen el ELN y las disidencias de las Farc sobre la población. Además, les hace recomendaciones a la Unidad Nacional de Protección, al Ministerio Público, a la Gobernación de Casanare, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, entre otros entes.