En Bogotá, el Distrito creó la Política Pública Distrital aprobada por el Conpes para que los vendedores informales se concentren, geográficamente, en 11 puntos denominados ‘zonas de colaboración popular’ como la carrera séptima.
Este programa operará durante los próximos 13 años, es decir hasta el 2035 y pretende garantizarles a los comerciantes informales condiciones dignas para el ejercicio de su labor.
De acuerdo con el Instituto para la Economía Social, IPES, los objetivos de esta política se centran en "mitigar la vulnerabilidad a la que están expuestos los vendedores informales y al mismo tiempo garantizar un uso adecuado del espacio público en Bogotá".
De la misma manera, se busca acabar con la extorsión a los comerciantes brindando opciones crediticias que hagan frente a los "gota a gota" que operan en las zonas de alta afluencia de compradores.
Los cobros a los comerciantes para acceder a la política pública oscilarán entre los $24.700 pesos y los $65.800 pesos, un valor similar y no superior al pago que ya deben realizar para acceder a recursos como los quioscos o mobiliarios que han sido destinados a la economía popular.
“Con estos pagos se pondrá en marcha otras estrategias encaminadas a fortalecer económicamente a los comerciantes de la economía popular que en este momento no tienen acceso a créditos, por ejemplo”, aseguró Alejandro Rivera, director del IPES.