Denuncian presuntas irregularidades en contrato del Instituto de Salud de Bucaramanga
Concejales de Bucaramanga dieron a conocer varias irregularidades que encontraron en un contrato de prevención en salud que firmó el Instituto de Salud de Bucaramanga con un medio de comunicación de la ciudad. Dentro de las situaciones denunciadas se encuentra el alquiler de un equipo de sonido por $74 millones.
El contrato revisado atiende al Plan de Intervenciones Colectivas, PIC, que realizó el Instituto de Salud de Bucaramanga para el año 2020 y 2021. Particularmente en el que tiene que ver con el año anterior, la entidad gastó $2.463 millones. Dinero que, según los concejales Carlos Parra y Danovis Lozano, fue invertido con presuntos sobrecostos, falta de idoneidad, colusión y falta de publicidad.
“Este es un caso de malas prácticas en contratación referente a la salud en Bucaramanga”, aseguró Carlos Parra. “Y encontramos muchas irregularidades, como el sobrecosto en el alquiler de un parlante por $74 millones de pesos durante seis meses”.
Según registra el documento en el que están las especificaciones de los productos y servicios prestados por el contratista, se alquiló “sonido para eventos 800 Wattios, micrófono inalámbrico (SIC) con cableado para su funcionamiento y operador del mismo en sitio” por un valor de $400 mil diarios por 185 días. Y de acuerdo a las cotizaciones pedidas por los concejales a dos empresas especialistas en montaje de producciones musicales de la ciudad, ninguna supera los $130 mil por día.
Es decir, que en lugar de los $74 millones de pesos, según concluyen los corporados en su análisis, el Isabu pudo haber contratado el mismo producto y servicio por un valor cercano a los $30 millones.
El Isabu, a través de un comunicado, negó que haya incurrido en dichas irregularidades. “No es cierto que se haya incurrido en tales ‘prácticas’, pues se contrató el servicio “funcionando sábados y domingos”. Sin embargo, esa especificación no aparece dentro del mismo contrato.
Otra de las denuncias que hacen los concejales tiene que ver con la idoneidad del contratista.
Dentro de las obligaciones de la ejecución, la empresa debía incluir a expertos en cáncer infantil, violencia, sexualidad, discapacidad, salud sexual y reproductiva; así como también proveer kits de salud y prevención contra el Covid-19 y juegos de mesa. No obstante, la empresa contratista no tiene dentro de sus objetos sociales este tipo de actividad económica o similares.
La empresa encargada de ejecutar una parte de estos recursos fue Oro Visión, reconocida en la ciudad por adelantar producciones audiovisuales entre las cuales se destaca el noticiero Oro Noticias que se emite en el Canal TRO en horario nocturno.
“Las empresas seleccionadas tienen la idoneidad para la ejecución de los contratos adjudicados, pues el objeto principal de la contratación no es la prestación de los servicios de salud, sino el de difundir los contenidos de promoción y prevención en salud”, se defiende el Isabu a través del comunicado.
“¿Pero qué idoneidad puede tener un medio de comunicación como Oro Visión para cumplir actividades de suministro de tapabocas, kit de Covid-19 y contar con expertos en cáncer infantil y especialistas en salud sexual y reproductiva?”, se preguntan los concejales en su informe. Sumado a lo anterior, dicho contrato 1131 - 2020 exigía RUP para poder contratar a la empresa que lo ejecutara. Sin embargo, “a quien se le otorga el contrato no contaba con ese registro que entrega la Cámara de Comercio de la ciudad”.
Por último, otra de las posibles irregularidades es que existe carencia de información o el principio de falta de publicidad respecto a la ejecución de estos contratos. Según el comunicado de Isabu, “este principio se viene cumpliendo a cabalidad mediante el Secop y según las directrices de Colombia Compra Eficiente en los casos de Invitación Pública”.
No obstante, en el Secop solo aparecen cargados dos documentos equivalentes al contrato y al proceso, pero no algunos de los informes de ejecución ni las resoluciones donde se elige al contratista.
“A partir de ahí se presenta otro fenómeno que se llama colusión”, explica Carlos Parra, “y es que presuntamente dos proponentes se ponen de acuerdo para fijar los precios del mercado y eso es grave porque la propuesta es menos competitiva y las entidades públicas deben pagar costos más altos”.
Sobre esta posible irregularidad, la prueba reina que encontraron los concejales es que dos de las tres empresas a las que se le solicitaron ofertas comparten miembros de las juntas directivas.
Todas estas situaciones fueron denunciadas ante el Concejo de Bucaramanga en debates de control político, razón por la cual la corporación solicitó enviar copia del acta a todas las entidades de control para que se investiguen las presuntas faltas de tipo disciplinario, fiscal y penal a que haya lugar.
