Continúa la crisis migratoria en el Urabá, de acuerdo a datos de la Defensoría del Pueblo, entre el primero de enero y a la fecha han cruzado desde Colombia hasta Panamá más de 380.000 migrantes, personas susceptibles a la condición de refugio y con necesidades de protección internacional.
De ellos, el 59% son venezolanos, el 13%, ecuatorianos; el 11%, haitianos; el 3%, colombianos; los restantes, personas de variadas naciones.
Carlos Camargo Assis, defensor del Pueblo, dio a conocer que durante su última visita la Urabá “los migrantes principalmente venezolanos no cuentan con recursos económicos para cruzar la frontera por lo que se registra un aumento de esta población en habitabilidad de calle”, dijo.
Los municipios que más evidencia esa situación son Apartadó, Chigorodó, Carepa, Turbo y Necoclí “pudimos evidenciar que estas personas no tienen atención en salud, no tienen alimentación adecuada, no tiene acceso al agua potable”, asegura Camargo Assis, circunstancias que pone en riesgos la salud y la vida de todos.
Por eso, el funcionario hizo un llamado “a la Gobernación de Antioquia y a las alcaldías respectivas para que establezcan planes de acción inmediata que permitan atender a los migrantes, adecúen los albergues y se realicen jornada de atención en salud”, puntualizó.
Otro de los llamados se lo hizo al Gobierno Nacional para que trabaje en “implementar un sistema de caracterización de los migrantes”, pidió además se “agilice la apertura del centro de atención fronterizo en el municipio de Necoclí el cual va permitir la articular la respuesta institucionales y humanitarias en atención y garantía de derechos para la población migrante”, finalizó el defensor del Pueblo.
También le solicitó, además, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) priorizar e intensificar la atención para las niñas, niños y adolescentes migrantes, particularmente a los menores de edad que viajan no acompañados.