Aborto en Colombia: 400 mujeres son procesadas al año
La Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres indicó que 400 mujeres son procesadas penalmente por abortar anualmente, lo que, para el colectivo, “demuestra que en Colombia se persigue más a las mujeres por realizarse un aborto que por ser víctimas de violencia de género”.
Para sustentar lo dicho, el informe presentado indica que “Las condenas para el delito de aborto consentido representan un 7,6 % de los casos, mientras que para el total del sistema las condenas corresponden a un 4 %, y para los delitos de violencia intrafamiliar y de acceso carnal violento representan un 1,14 % y 3,38 %, respectivamente”, indicó.
Agregó que “en los últimos 15 años ha aumentado significativamente la persecución del delito de aborto y han aumentado las condenas por el mismo. Mientras en 2006 se condenaron 12 personas, en 2007 se condenaron 25 y en los siguientes 13 años el promedio de condenas ha sido de 26”.
En otro aparte del informe se indica que las mujeres son procesadas por interrumpir sus embarazos, pese a que en la mayoría de los casos se trata de niñas, adolescentes y mujeres en situación de vulnerabilidad.
De estas mujeres, 12,5% son mujeres entre los 14 y 17 años, mientras que 24% son menores de edad que han sido denunciadas por “enfermeras, médicos, directores de hospitales, entre otros, (incluso se estima que el 56.72 % de estos casos terminan en condenas) y en una baja proporción se investigan los abortos no consentidos, a pesar de que las mujeres identifican plenamente a sus agresores y de que la pena es más alta”.
Igualmente se destacó que Caldas, Boyacá, Santander, Tolima, Norte de Santander y Bogotá son las zonas del país donde más condenas se han dado contra mujeres que se practican un aborto.
“De los casos de abortos consentidos en los que se registra información sobre quién hizo el reporte o la denuncia, se calcula que el 79 % fueron informados por la Policía y personas del centro de salud. Así, como lo indicamos más arriba, el «personal médico» parece identificar un aborto inducido con un aborto criminal, e interpretar que siempre tienen una obligación de denuncia. Inclusive en casos de aborto espontáneo parecería que interpretan que es su deber la denuncia”, concluyó el informe.
