¿Cómo se está comportando el conflicto armado en Colombia?

La Fundación Ideas para la paz (FIP) realizó su primer informe sobre el comportamiento de la violencia en el país en los primeros meses del año. El balance, que analiza la situación desde enero hasta el mes de abril, evidencia que disminuyó la confrontación entre el Estado y las organizaciones armadas ilegales. No obstante, aumentó la violencia contra la población.

Según la investigación realizada por la fundación, se redujo en un 47 % la confrontación entre el Estado y los grupos armados ilegales. Disminuyó en un 48 % los combates entre la Fuerza Pública y las organizaciones armadas, sobre todo con el Eln.

Adicionalmente, las capturas de miembros del Eln se redujeron en un 14 %; sin embargo, las muertes en medio del conflicto bélico con este grupo armado pasaron de 2 a 8.

La confrontación en el Bajo Cauca se mantiene, pero en zonas como Nariño y Cauca los enfrentamientos entre los grupos armados disminuyeron en un 44 %. En el año 2020, hubo 26 enfrentamientos de grupos sin identificar, mientras que en 2021 se presentaron 12. Con las disidencias de las Farc en 2020 se presentaron 18 combates, mientras que este año fueron 16. Con el Eln, la cifra pasó de 17 combates a solo uno.

Según la base de datos del conflicto de la FIP, descendieron en un 58 % los ataques a la infraestructura y bienes civiles, los hostigamientos y las emboscadas, frente al mismo periodo de 2020. La reducción más notoria se da en las zonas de influencia del Eln. En Norte de Santander se pasó de 32 a 11 acciones, en Arauca de 16 a 8 acciones, mientras que en Cauca se pasó de 18 a 5 acciones.

Sin embargo, pese a estas reducciones, el informe señala que el impacto humanitario del conflicto ha aumentado significativamente. Por ejemplo, subieron los homicidios en un 15 % a nivel nacional y en los municipios de Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) en un 19 %.

En dichas zonas el aumento de los homicidios es preocupante, pues la presencia de los actores armados sigue en aumento. En Tarazá los homicidios aumentaron en 87 %, en Buenaventura 82 %, en Santander 72 %, en Tumaco 48 %, mientras que en Tibú el incremento fue del 33 %.

Sin embargo, comparar lo que ocurrió el primer cuatrimestre de 2021 con el mismo periodo del año anterior no es del todo posible por las restricciones impuestas por el Covid-19, según la FIP.

No obstante, el número de homicidios en 2021 es más alto que en 2019 y 2017, lo que confirma la tendencia al incremento. Otra cosa que preocupa es el aumento, en un 71%, de las víctimas de masacres, que es la cifra más alta desde el año 2012.

La FIP señala que “no hay un único grupo armado responsable, ni un solo patrón, aunque parte de las masacres ocurrieron en zonas de disputa entre grupos. Contrario a las versiones oficiales, las zonas no siempre tienen presencia de cultivos ilícitos”.

Los excombatientes de las Farc también siguen en riesgo y los homicidios se mantienen. Solo este año se han presentado 24 homicidios de excombatientes, según la Misión de Verificación de las Naciones Unidas, un caso más que 2020.

Por otro lado, se incrementaron las víctimas de desplazamiento forzado en un 80 %, se pasó de 13.000 víctimas en el primer cuatrimestre de 2020, a cerca de 23.500 en el mismo periodo de 2021, según las cifras OCHA. Nariño, Cauca, Chocó y Antioquia son los más afectados. Mientras que el confinamiento en estas zonas subió un 132 %, el país pasó de 8.700 víctimas de este delito a 20.000.

Hablan los expertos

Juan Carlos Garzón Vergara, director temático de la FIP, politólogo de la Universidad Javeriana y especialista en Teoría y Resolución de Conflictos Armados de la Universidad de los Andes, aseguró que, si bien la pandemia puede ser una explicación de esta situación, la estrategia de seguridad del Estado, así como la fragmentación de los grupos armados ilegales, juegan un papel central en este fenómeno.

“En el trabajo de campo que hemos realizado en la Fundación Ideas para la Paz (FIP), alcaldes, líderes sociales, víctimas y pobladores coinciden en afirmar que la presencia de las Fuerzas Militares se ha incrementado, pero que esto no necesariamente se ha traducido en mejores condiciones de seguridad”, señaló Garzón Vergara.

Así mismo, desde la FIP aseguran que puede existir un cambio de estrategia de los grupos armados, que ahora tratan de evadir los enfrentamientos directos con la Fuerza Pública para evitar su debilitamiento. “Los grupos optan por replegarse y no realizan acciones que llamen la atención”.

Garzón Vergara destacó que los desplazamientos y confinamientos no suelen ser consecuencia de combates y enfrentamientos abiertos y prolongados, sino que se producen por las amenazas de grupos armados ilegales y como consecuencia de hechos de violencia. “En algunos casos, las comunidades se ven obligadas a restringir su movilidad ante la instalación de campos minados”.

Andrés Cajiao, investigador del área de Dinámicas del Conflicto de la FIP, explicó a Colprensa que en medio de la investigación que realizaron, se observa que las dinámicas de control que tienen los grupos armados han cambiado a lo largo del tiempo.

Por ejemplo, según explicó, los actores armados tienen poca capacidad de mantener los enfrentamientos, han optado por irse a territorios como la frontera con Venezuela y así evitar la exposición con la fuerza pública, pero han incrementado sus actos de violencia, lo que explicaría el incremento de fuerza contra la población civil.

“Como no tienen la capacidad de mantener un combate, como lo hicieron en su momento, por poner un ejemplo, las estructuras de las Farc, lo que más hacen estos grupos es llegar a zonas de difícil acceso en donde no hay fuerza pública, pero tampoco se enfrentan entre ellos para no debilitarse”, dijo Cajiao.

El investigador aseguró que la violencia no se reduce porque se sigue manteniendo el control territorial en los grupos armados. “Lo que hemos visto en los territorios es que de alguna manera esta falta de confrontación de los grupos armados de toda clase, han venido generando que la población de alguna manera tenga una interacción con los grupos armados, entonces, por ejemplo, los desplazamientos forzados están siendo utilizados como forma de mantener ese control territorial”.

Cajiao explicó que la violencia contra la población civil se puede explicar también en los resultados operaciones de la fuerza pública. “No ayudan las campañas en las que salen mencionando continuamente que los resultados operacionales son gracias a la información recibida por la comunidad. Esto lo que genera es que la población se vuelva un posible objetivo o enemigo, entonces endurecen las formas de control social”.

Entonces, el aumento de la violencia se explica en que las dinámicas han ido cambiando con el pasar del tiempo y a estos grupos no les interesa crear lazos con la comunidad, ni crear una base social (como por ejemplo lo hacía las Farc), sino que la única forma de control resulta siendo los ataques.

“No hay un solo patrón, no se puede dar un solo responsable, hay muchas variables. Pero lo que podemos ver es que la relación que se ha venido construyendo entre los grupos armados y la población civil se ha degradado, obviamente eso cambia de región a región, pero estas estructuras que han ido surgiendo, le ponen menos importancia a la construcción de una base social o de apoyo por parte de las comunidades”, dijo el investigador.

Sin embargo, Ángela Olaya, cofundadora e investigadora de la Fundación Conflict Responses (CORE), piensa que la realidad es distinta. Según su análisis, si aumentan las víctimas, hay más confrontaciones y menos presencia del Estado en zonas marginadas.

“La información que tenemos en CORE es distinta. Para mí no es tan evidente la conclusión de que se haya disminuido la confrontación entre el Estado y los grupos ilegales, creo que se puede hablar de disminuciones cuantitativas, localizadas, pero a nivel nacional la conclusión es distinta. Nosotros lo que hemos visto es que no se podría decir que hay una disminución, sino todo lo contrario, lo que hemos visto es que hay más afectación a la población civil y que han aumentado las víctimas”.

Para Olaya, el impacto humanitario indica que, si hay más confrontación y que contrario a la información de la FIP, “no hay evidencias de aumento de la fuerza pública en los territorios a nivel nacional, nosotros no hemos visto que haya cambiado en relación con 2020. Si se pone sobre la mesa lo que está pasando con las víctimas, lo que implica es que hay menos presencia de la fuerza pública, eso es lo que muestran los indicadores humanitarios”.

La investigadora enfatizó que en el análisis que hacen desde la CORE, si hay disputas de manera exponencial entre la fuerza pública y los grupos armados.

“Aunque si hay disminución en confrontaciones en Norte de Santander, Arauca y Cauca, esto no necesariamente tiene que ver con la presencia de la fuerza pública, ni tampoco de la baja capacidad de los grupos para mantener la confrontación. La información que nosotros tenemos es que, al parecer, el Eln es el que está ganando la disputa con el Epl y eso es lo único que explica la reducción de las acciones armadas”, dijo Olaya.

Por la misma línea opina Jorge Luis Yace Tamayo, docente de derecho de la Universidad Central. “Las víctimas surgen de un proceso de violencia, de un proceso de conflicto y confrontación en general, entonces, si tenemos muchas víctimas es porque existe un nivel de confrontación elevado”.

Para él, se puede encontrar que las víctimas, teniendo en cuenta el informe de la FIP, pueden estarse generando en el marco de procesos relacionados con el narcotráfico y no tanto de confrontaciones violentas. Tamayo resalta que la contundencia del Ejército ha aumentado en las confrontaciones.

“En el caso del Eln las confrontaciones disminuyen, pero el número de muertos dentro de las filas de esta guerrilla aumenta, entonces en esa medida, a nivel operativo el Ejército de Colombia se ha vuelto más eficiente en buscar objetivos de alto valor estratégico”.