Corte confirma validez de la investigación contra Richard Aguilar

La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia resolvió el recurso de apelación que interpuso la defensa del exsenador Richard Alfonso Aguilar, y confirmó la decisión que tomó el pasado 8 de noviembre la Sala Especial de Primera Instancia, en la cual, tras negar una solicitud de nulidad de su defensa, mantuvo el proceso que se sigue contra el excongresista por presuntas irregularidades en contratos cuando fue gobernador de Santander, entre 2012 y 2015.

La Sala determinó que a Aguilar no se le han vulnerado sus derechos al debido proceso ni a la defensa, por la no realización de la audiencia de formulación de imputación.

Así, la jurisprudencia, en este caso, jurídicamente similar al del expresidente Álvaro Uribe, determinó que la indagatoria de altos funcionarios tiene equivalencia funcional con una imputación de cargos de sistema acusatorio.

El tribunal recalcó que, tal y como recientemente lo señaló la Corte Constitucional en el proceso contra el líder del Centro Democrático, existe una equivalencia funcional entre la diligencia de indagatoria y la formulación de imputación, lo cual no significa que sean idénticas.

“Aunque existen marcadas diferencias entre la indagatoria y la imputación en cuanto a sus formas, esto no desdibuja la equivalencia referida si se tiene en cuenta que la injurada cumple -en lo sustancial- con el objetivo establecido para el acto de comunicación de cargos descrito en la Ley 906 de 2004, esto es, informarle al vinculado acerca de los hechos jurídicamente relevantes”, señala el auto.

La corporación también destacó que, contrario a lo considerado por la defensa de Aguilar, en la indagatoria que se realizó en su contra le fueron comunicados los hechos jurídicamente relevantes por los cuales se le vinculó al proceso penal, manteniéndose la equivalencia funcional con la imputación.

De otro lado, la providencia de la Corte también resalta que las actuaciones que la Sala de Instrucción adelantó contra Aguilar Villa, antes de que renunciara al Congreso, son válidas, ya que el cambio de procedimiento no implica decretar su nulidad, pues cuando dentro de una actuación judicial se provoque el cambio del sistema procesal, los principios de legalidad, acceso a la administración de justicia, seguridad jurídica y economía procesal “exigen conservar la validez y eficacia de lo actuado previo al correspondiente cambio”.

Finalmente, en el auto, la Corte asegura que los dos sistemas procesales que coexisten en Colombia -la ley 600 del 2000 y la ley 906 del 2004- han superado los juicios de constitucionalidad a los que han sido sometidos y cada uno permite el pleno ejercicio de derechos y garantías.

“Lo cual significa que no es posible afirmar que existe un mayor grado de garantismo en uno u otro, ni que uno de ellos genere desventajas”, dijo la Providencia.

Así las cosas, el proceso contra el exgobernador de Santander seguirá y tendrá que responder por los delitos de concierto para delinquir, contrato sin cumplimiento de requisitos legales, interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación.

Lo anterior, presuntamente, se presentó entre 2012 y 2015, cuando Aguilar figuraba como gobernador del departamento de Santander.

En el escrito de acusación que presentó la Fiscalía, resalta que el exmandatario habría constituido una ‘empresa criminal’ para direccionar la contratación a favor de algunos de sus amigos, familiares y otros particulares que, supuestamente, se comprometieron a entregarle coimas por el 10 % de cada obra o proyecto adjudicado.