Tribunal dejó en firme acusaciones a directivos de Drummond sobre presunta financiación a las AUC
En segunda instancia, un fiscal delegado ante el Tribunal Superior de Bogotá confirmó la resolución de acusación proferida por la Dirección de Justicia Transicional en contra de José Miguel Linares Martínez y Augusto Jiménez Mejía, presidente y expresidente de la multinacional Drummond Ltd., respectivamente, por el delito de concierto para delinquir agravado, en la modalidad de promover y financiar grupos armados al margen de la ley.
Se trata de una presunta relación entre la minera más importante del Cesar con el frente ‘Juan Andrés Álvarez’ del Bloque Norte de las Autodefensas Unidas de Colombia, al que, según el Tribunal, la multinacional apoyó financieramente entre 1996 y 2001, por lo cual Linares y Jiménez irán a juicio.
“La Fiscalía cuenta con abundante material de prueba que da cuenta de la posible responsabilidad de los dos directivos en el delito de concierto para delinquir agravado, en la modalidad de promover y financiar grupos armados al margen de la ley, conducta que fue declarada de lesa humanidad”, explicó Salomón Strusberg Rueda, director de Justicia Transicional.
La multinacional Drummond Ltd., por su parte, aseguró a través de comunicado que “estas acusaciones no están sustentadas en pruebas creíbles y se basan, principalmente, en declaraciones falsas de delincuentes convictos, que recibieron pagos por su testimonio”.
Según la empresa, “lo que existe contra Drummond es un cartel de falsos testigos, promovido por un abogado norteamericano y abogados colombianos, que demandaron a la empresa en Estados Unidos, pero no tuvieron éxito. Sin embargo, lo que han logrado es que estos paramilitares repitan sus mentiras ante la Fiscalía y ante la JEP”.
El director de Justicia Transicional agregó Linares Martínez, actual presidente de la compañía, y el expresidente Jiménez Mejía, “habrían aumentado el valor de un contrato suministro de alimentos con una empresa proveedora para obtener recursos adicionales y destinarlos a cubrir obligaciones ilegales previamente adquiridas con el frente Juan Andrés Álvarez del Bloque Norte de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC)”.
Esta relación con el grupo paramilitar, según la Fiscalía, le habría significado a Drummond operar con tranquilidad en su operación minera y conservar sus bienes.
