La Fiscalía General de la Nación imputó al contratista Emilio Tapia los delitos de fraude procesal y falsedad ideológica en documento privado, por obtener documentos con información falsa para ganar una licitación ante las Empresas Municipales de Cali (Emcali), en 2021.
Según la investigación, Tapia, junto a otras tres personas, controló un conglomerado de empresas que se presentó a dos procesos con la Planta de Tratamiento de Agua Potable (PTAR) de Puerto Mallarino fase uno, los cuales ascendían a 3.798 y 2.414 millones.
Para participar en el proceso, uno de los requisitos que debían cumplir era presentar el aval comercial de un banco que garantizara un crédito por el 30% del valor de cada uno de los contratos, obligación que el conglomerado de Tapia no cumplía.
Ya que no contaban con los requisitos, estas personas habrían falsificado los Certificados de Cupo de Crédito Aprobado, los cuales fueron presentados como soporte ante Emcali, tal como ocurrió con el escándalo de ‘Centros Poblados’ en el que se apropiaron de recursos de un contrato que garantizaría el internet a las escuelas rurales del país.
“Con esta maniobra ilegal, al parecer, se hizo incurrir en error a los funcionarios a cargo de la contratación, quienes permitieron al conglomerado de Tapias Aldana perfeccionar la oferta y dieron aval administrativo para que se quedara con los respectivos contratos”, indicó la Fiscalía.
Actualmente, Emilio Tapia permanece privado de la libertad en la cárcel El Bosque, en Barranquilla, como parte del proceso que se sigue en su contra por ´Centros Poblados´, además está pagando una condena por haber participado en el carrusel de la contratación de Bogotá durante la administración de Samuel Moreno Rojas.