Honduras: 14 años perdidos para la democracia

La extradición hacia Estados Unidos del expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, como aliado de narcotraficantes, podría constituir un punto de quiebre a la estrategia política que comienza en 2009 con el golpe de Estado al presidente José Manuel Zelaya, y continúa con la cooptación del sistema judicial, el quebrantamiento del orden constitucional, la promulgación de leyes con interés particulares y la represión a movimientos sociales, defensores de derechos humanos y a la prensa independiente.

Zelaya se acerca al bloque bolivariano

Aunque el de Zelaya no es un gobierno prototípico de izquierda –provenía del Partido Liberal, protagonista del bipartidismo que hizo tanto daño en Honduras– se acerca a la Revolución Bolivariana cuando Hugo Chávez se abre camino con ‘PetroCaribe’, su estrategia regional de cooperación energética. Zelaya se arropa con un discurso orientado a la izquierda, adopta medidas administrativas que benefician a sectores pobres y plantea una Asamblea Constituyente –motivada con la intención de que ésta autorice la reelección presidencial—.

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Ese giro alerta a sectores oligárquicos y a un sector del empresariado que, por décadas, mantuvieron el control del Estado. A ese factor se suman cuatro más:

• El recelo con el que Estados Unidos mira el bloque bolivariano (Cuba, Venezuela, Nicaragua, Bolivia).

• El papel geopolítico del país en la década de 1980: Honduras sirve de plataforma para contrarrestar los movimientos revolucionarios centroamericanos, en el marco de la guerra fría.

• Un error de Zelaya: El proceso de militarización vivido por décadas en la sociedad hondureña se profundiza en su gobierno. Cree que dándoles recursos y dádivas a los militares compraría su lealtad –lo que sí logró Hugo Chávez en Venezuela–.

• El rol de los medios de comunicación, aupados por el sector empresarial, consienten el golpe de Estado, a pesar de graves consecuencias para los derechos humanos. Se abre el escenario para recuperar el control absoluto del Estado, hasta convertirlo en un Estado aliado con los narcos.

Honduras: plataforma regional contra las revoluciones en la década de 1980

Según el analista Víctor Mesa, los militares han sido la peor pesadilla para la democracia hondureña por su participación en la lucha regional contrainsurgente de la década de 1980 y luego, en 2017, por los crímenes cometidos durante las protestas del fraude electoral mediante el cual fue reelegido Juan Orlando Hernández.

El juez Kevin Castel, al condenar a cadena perpetua al hermano del expresidente hondureño (Juan Antonio ‘Tony’ Hernández) considera que los militares hondureños han jugado un doble papel: proteger a los narcos y garantizar el tráfico de cocaína por el territorio nacional.

El papel de Estados Unidos, la OEA y la Unión Europea

Consolidado el golpe a Zelaya, la comunidad internacional actúa con hipocresía: pretende que mediante elecciones organizadas por un gobierno de facto y sin libertades se pueda dar vuelta a la página.

En el marco del golpe de estado, Barack Obama se abstiene de condenarlo y promueve un diálogo en el marco de la Organización de Estados Americanos (OEA). Así se blanquea el golpe de estado, frente al cual jugó un papel importante el silencio cómplice de la Unión Europea. Y en 2017, cuando el fraude electoral reelige a Hernández, Donald Trump pasa de agache y propicia otro diálogo, con apoyo de Naciones Unidas, con el cual se blanquea el fraude.

No puede olvidarse tampoco que a Honduras se le aplica la Carta Democrática Interamericana cuando el golpe de estado, pero poco después es readmitida en la Asamblea General de la OEA sin condición alguna, es decir, sin cumplir los requisitos establecidos por una Misión Especial: investigar graves crímenes imputables a los militares y el golpe de estado como tal. En ese momento es clave el trabajo persuasivo de Hugo Chávez, que “sacrifica la dignidad de las víctimas en el altar de las negociaciones políticas”.

Se normaliza la anormalidad democrática e institucional

Entre 2009-2022 se normaliza la anormalidad democrática y la crisis institucional permanente, acompasadas por el deterioro alarmante de las condiciones de vida de la población, cuyo signo más visible son las caravanas de migrantes:

• En 2021, el índice de democracia del diario inglés The Economist señala que Honduras es un estado híbrido, en el que no hay separación de poderes y a un escalón de convertirse en un estado autoritario.

• El índice de estados frágiles del Fondo para la Paz lo clasifica como uno de los más débiles, en estado de emergencia, a punto de convertirse en un estado fallido.

• El índice de estados de derecho del Proyecto de Justicia Global subraya la fragilidad de las instituciones democráticas por el irrespeto a la legalidad y a la independencia de poderes.

• El índice de percepción de la corrupción 2020 muestra que Honduras perdió once posiciones desde 2012.

• El índice global de paz 2021 apunta que Honduras, a pesar del gasto militar en seguridad ciudadana es un país que empeoró su situación: pasó del puesto 116 al 124, es decir, volvió a los niveles de violencia de 2013.

• El último informe de ‘Reporteros sin Fronteras’ lo ubica en el tercer puesto de los peores países para la libertad de prensa en América Latina.

• Un informe especial de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos lo define como un país con impunidad estructural y corrupción generalizada.

• El Índice Global de Impunidad ubica al país en el primer lugar de impunidad en América Latina y el segundo en el mundo después de Tailandia.

El rol de Juan Orlando Hernández

El rompimiento del orden constitucional tiene su punto de quiebre con el golpe de estado de 2009, pero se consolida de a poquitos:

• Como diputado en 2009, y como líder del partido de oposición, Juan Orlando Hernández apoya el golpe de estado.

• En 2012 asume la Presidencia del Congreso Nacional, que destituye de manera ilegal a la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia: un golpe de estado al poder judicial.

• En 2013, la “nueva” Sala Constitucional avala las “ciudades modelo”, ciudades burbuja, es decir, territorios hondureños entregados a empresas con licencia para construir su “propio” país, con normas, jueces y policías propios. La Sala Constitucional declara en 2015 que esa partición del territorio se ajusta a la Carta. Juan Orlando Hernández tiene negocios amparados en las ciudades modelo.

• La misma Sala declara que la Constitución hondureñas es inconstitucional, dando vía libre a la pretensión de Hernández de ser reelegido como presidente: la misma intención que tuvo Zelaya y que desencadenó el golpe de estado contra él.

• En 2017, Juan Orlando Hernández se postula como candidato presidencial, a pesar de la ilegalidad de su aspiración. La Misión de Observación Electoral de la OEA evidencia fraude. La población sale a las calles, pero paga un precio muy alto: al menos 40 personas son asesinadas durante la represión militar. De nuevo, los militares desequilibran la balanza en favor del rompimiento del orden constitucional.

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Se consolidan la autocracia y el narco estado

Desde entonces, y durante 14 años, Juan Orlando Hernández convierte a Honduras en una autocracia. En abril de 2020, un informe del Servicio de Investigaciones del Congreso de los Estados Unidos afirma que, aunque celebre elecciones, Honduras es una autocracia electoral, es decir, un régimen donde una persona controla toda la institucionalidad, semejando a las dictaduras y a las monarquías absolutas.

A partir del 2017, después del fraude electoral, Honduras empieza a comportarse abiertamente como un narco estado. Toda la institucionalidad –Corte Suprema, el Congreso Nacional, el Ministerio Público y el Ejecutivo– se ponen al servicio del crimen organizado para el tráfico de drogas.

Por eso en Honduras se dice que “Juan Orlando Hernández logró el sueño de Pablo Escobar”, es decir, convertirse en presidente de la República de manera ilegal, con el silencio cómplice de la Unión Europea y el respaldo absoluto de los Estados Unidos.

En el escenario electoral prosperan nuevos partidos políticos. El año pasado compitieron 15. En otros países, ese número podría significar buena salud democrática. No en Honduras. La mayoría representa “partidos de maletín” creados por el propio régimen de Juan Orlando Hernández con el objetivo de tener el control de las mesas electorales y ganar curules en el Congreso. Asegurado el control del Legislativo se pone también a disposición del crimen organizado. Son partidos bisagra, financiados con recursos públicos, al servicio de la narco-dictadura. Honduras requiere una profunda transformación del sistema electoral que permita revertir lo vivido en los últimos 14 años.

Una luz de esperanza

Hoy dos situaciones favorables. La primera es que el gobierno del presidente Joe Biden coincide con los intereses de los sectores democráticos de la sociedad hondureña. Es una coincidencia que no va a estar siempre. Y debe jugar con el hecho de que el gobierno de la presidenta Xiomara Castro no cuenta con las mayorías necesarias en el Congreso, aunque sí está revestido de legitimidad.

Y la segunda situación favorable es que de los 44 diputados del Partido Nacional –el partido de Juan Orlando Hernández– 22 son nuevos y votaron recientemente la derogación de la nefasta ley de secretos oficiales, que permitía la opacidad en el acceso a la información pública. Son diputados que no quieren que se les vincule con el pasado del Partido Nacional o con los 22 restantes diputados que vienen de tiempo atrás ocupando escaños en el Legislativo.

Con Juan Orlando Hernández ante la justicia de los Estados Unidos probablemente se cerrará su ciclo en la historia de Honduras. El nuevo gobierno apenas arranca. Y la incertidumbre forcejea con la esperanza.

*Este análisis se basa en la entrevista del programa ‘El Mundo es un Pañuelo’ de Radio Nacional de Colombia, con el investigador y analista hondureño, Joaquín Mejía Rivera, disponible en nuestro canal de YouTube.