Cinco años de la firma del Acuerdo: protección de líderes sociales como principal reto en el país
Se cumplen cinco años de la firma del acuerdo de paz entre el Estado colombiano y las Farc; desde entonces, varios hechos políticos y sociales han marcado la implementación de dichos acuerdos y la situación de orden público en diferentes zonas del país. Siendo regiones como el Catatumbo, Bajo Cauca y norte de Antioquia, los departamentos de Valle del Cauca, Cauca, Nariño y Chocó, y la zona limítrofe entre Meta y Caquetá, donde la situación se hace más compleja.
La Oficina del alto Comisionado de las Naciones Unidas reporta que desde 2016 alrededor de 500 líderes sociales y 278 excombatientes de las Farc han sido asesinados. Estos hechos se han registrado en 131 municipios de 23 departamentos del país.
Por otra parte, el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, Indepaz, registra 72 masacres en 2021, las cuales han dejado como saldo 258 personas asesinadas. A pesar de estas cifras, para Camilo González Posso, presidente de dicho instituto, los resultados que ha dejado el acuerdo son más que evidentes.
“No podríamos decir que estamos en la misma guerra. Pasamos de una situación de guerra en los años 90 e inicios de este siglo, a una situación de confrontaciones armadas focalizadas y sin que exista una situación general de guerra en Colombia”, señala González Posso.
A propósito de estas cifras y las zonas más críticas en orden público del país, el ministro de Defensa, Diego Molano, aseguró que la disputa por las rutas y el control territorial en regiones con presencia de grupos dedicados al narcotráfico son las principales causas de la violencia en contra de líderes y excombatientes.
El jefe de la cartera de defensa recalca que “el 60% de los homicidios a líderes sociales en el país son cometidos por grupos armados residuales, entre los que se cuentan disidencias de las Farc, Eln y Clan del Golfo en su disputa por las rentas criminales. Es decir, que es el narcotráfico el que genera esa violencia en contra de líderes sociales.”
Sobre la problemática de los asesinatos a líderes sociales, Carmen Eugenia Jembuel Quiguanas, consejera Mayor del Consejo Regional Indígena del Cauca, una de las regiones más afectadas por la presencia de grupos armados ilegales, manifiesta que “no es fácil ser líder en un departamento donde asesinan, donde presionan y amenazan, pero esa es la tarea que nos han encomendado nuestras comunidades y debemos seguir”.
Para Indepaz, la demora en la llegada del Estado en las zonas donde en su momento hizo presencia la exguerrilla de las Farc ha sido uno de los principales motivos para que la implementación de los acuerdos y la paz no se haga efectiva en estas zonas.
“El Estado no llegó a la velocidad necesaria, y llegaron más rápido las mafias, los narcotraficantes y las nuevas organizaciones armadas; entonces tenemos territorios en disputa que es donde se manifiestan intensamente indicadores graves de violencia”, indicó el presidente de este instituto.
Queda poco menos de un año para que termine el mandato del actual gobierno del presidente Iván Duque. Tanto desde el Ministerio de Defensa, como de ONG y líderes de comunidades étnicas en las regiones con situaciones más complejas en temas de orden público, coinciden en que los principales retos en seguridad están relacionados con la lucha al narcotráfico y la protección de líderes sociales y excombatientes que se acogieron a los acuerdos de paz y siguen apostándole a su reintegración a la vida civil.
