Los retos de política exterior para el nuevo Gobierno de Colombia
Este artículo se basa en la entrevista de ‘El Mundo es un Pañuelo’ de Radio Nacional de Colombia, con Gimena Sánchez-Garzoli, directora del Programa para los Andes de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA, por su sigla en inglés) y con Rafael Enrique Piñeros Ayala, profesor de Gobernanza Global y Política Exterior Latinoamericana.
Colombia debe participar activamente en las dinámicas políticas, económicas, comerciales, sociales, científicas y culturales de alcance global porque la mayoría de sus problemas requieren hoy de acciones concertadas con otros países o bloques de países.
El cambio climático, la crisis migratoria, la erradicación de la pobreza, la seguridad energética, la soberanía y seguridad alimentarias, el costo de los combustibles o del transporte público, la disponibilidad de recursos para garantizar el acceso a la salud y a la educación o los tratados de libre comercio, son asuntos prototípicos que ningún país puede resolver hoy en solitario.
La perspectiva internacional sobre nuestros asuntos no ha debido soslayarse en una campaña como la que concluirá en Colombia el próximo domingo 19 de junio, con la elección del sucesor del presidente de la República, Iván Duque. A estas alturas, deberíamos entender los acuerdos, las políticas y los enfoques que el próximo Gobierno tendrá en sus relaciones internacionales.
Nexos entre lo local y la internacional
Los electores deberían saber, por ejemplo, si habrá o no ajustes en las relaciones con Estados Unidos, potencia que le ha dado a Colombia 8 mil millones de dólares, principalmente para programas de seguridad y la guerra antinarcóticos.
Aunque mucha gente piense que las protestas contra la fumigación de cultivos de hoja de coca son de carácter local y contra el Gobierno Nacional, tienen relación con la certificación condicionada de Estados Unidos, según número de hectáreas erradicadas, decomisos de insumos y cargamentos, capturas y judicialización de capos de narcotráfico o desmantelamiento de redes de comercialización y lavado de activos.
Otro ejemplo: la exigencia en Colombia de una reforma de la institución policial a raíz del uso excesivo de la fuerza durante las protestas de 2019, 2020 y 2021 no pasó inadvertida en Estados Unidos cuando se abrió el debate sobre los recursos asignados para el entrenamiento de la Fuerza Pública en Colombia.
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TLC con Estados Unidos y participación de la sociedad civil
La dificultad para vender productos colombianos en mercados regionales puede explicarse por condiciones internas, pero también porque están vigentes el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y con dieciocho países más, en los cuales se pacta, verbi gratia, qué debe ser subsidiado y qué no, qué va a ser premiado y qué no. Por esa vía se pueden afectar los costos de producción internos y, por tanto, estimular la importación de productos cuya demanda se satisfacía con oferta local.
La participación de actores sociales es fundamental. No debería repetirse lo que ocurrió con el TLC con Estados Unidos que hizo tránsito por el Congreso de Colombia sin que fuese un asunto de dominio público. En cambio, su trámite en el Congreso estadounidense fue largo. Estuvo congelado durante cinco años. Sindicatos y defensores de derechos humanos exigieron medidas contra los asesinatos de líderes sindicales, los nexos de sectores económicos con grupos paramilitares y la creación del Ministerio de Trabajo y Protección Social.
Ello explica que el entonces presidente de Colombia, Álvaro Uribe Vélez, extraditara a los más importantes jefes paramilitares, en medio del debate sobre si estaban cumpliendo los acuerdos para su desmovilización. El gobierno diseñó un plan protección en sectores productivos que violaban derechos sindicales y laborales, como cultivos de flores, proyectos mineros y energéticos, agroindustria de palma aceitera y puertos.
Sectores representativos de la sociedad civil estadounidense se preocuparon por lo que estaba ocurriendo con el TLC en su propio país y entraron en relación con pares colombianos. Líderes sindicales, afrocolombianos e indígenas fueron escuchados en Washington. Los dos últimos temían ser vulnerados por el desconocimiento del mecanismo de la consulta previa que debe activarse cuando se planean proyectos de desarrollo en sus territorios.
Fruto de la presión, se nombró a una afrodescendiente en el Ministerio de Cultura y se inició un Programa Presidencial para las comunidades negras y Estados Unidos aportó recursos para la atención de los pueblos étnicos más marginados.
Participación de actores no gubernamentales
La participación de actores distintos a las instituciones gubernamentales es bienvenida en la política exterior del siglo XXI. Las universidades y los centros de investigación pueden jugar roles sustantivos en las negociaciones de los TLC; por ejemplo, sugiriendo cómo y cuándo hacer desgravación arancelaria; asesorando a los equipos negociadores sobre cómo plantear los intereses nacionales en un escenario internacional; advirtiendo riesgos para algunos sectores; o evaluando integralmente los factores a favor y en contra de un tratado.
Un Estado no debería darse hoy el lujo de evitar la participación de la sociedad civil en las relaciones internacionales. Aunque los intereses no sean convergentes, siempre podrá encontrarse una forma de representación adecuada para diversos actores de la sociedad civil y para el Estado.
En ocasiones es inevitable que surjan suspicacias alrededor de intereses de orden político e ideológico, muy específicos, que pueden limitar la participación en temas sensibles como la implementación del Acuerdo de Paz o la legislación sobre derechos sexuales y reproductivos.
Un reto es garantizar la rendición de cuentas al trabajo que desarrolla la sociedad civil porque no faltan acciones negativas de personas u organizaciones. En un Estado democrático no puede faltar un proceso de rendición de cuentas sobre su participación en estos procesos de decisión.
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Narrativas e información
Por décadas, los gobiernos de Colombia han construido narrativas para el exterior que no consultan los intereses de las mayorías o son muy cuestionables. Un caso típico es la negación de las ejecuciones extrajudiciales que, contra toda evidencia, mantuvo por un largo período el Estado colombiano ante el Congreso y el gobierno de los Estados Unidos, para evitar la congelación de fondos de asistencia y cooperación militar.
Lo mismo ocurrió durante el paro nacional de 2021. El gobierno aseguraba en Estados Unidos que se trataba de un plan incitado por el gobierno de Venezuela y otros actores extranjeros, el Eln y las disidencias de las antiguas Farc-Ep; que los manifestantes eran vándalos que buscaban bloquear la inversión estadounidense en Colombia; y que las denuncias por abusos policiales no eran ciertas. Con esa narrativa desconocía muchas realidades que estaban y siguen ocurriendo en el país.
Profesionalización del servicio exterior
La idoneidad del personal diplomático que representa los intereses de Colombia en los escenarios internacionales es un asunto estratégico. Deberían estar capacitadas para establecer diálogos de alto nivel, defender los intereses nacionales y reflejar el talante de las instituciones del Estado y de la sociedad, alejados de intereses particulares.
Designar a quienes no se aproximen a ese perfil tiene un efecto nefasto en la capacidad del país para impulsar una agenda ambiciosa en función de los intereses nacionales y sobre una variopinta de temas: seguridad, defensa, superación del conflicto armado, procesos de desarrollo local, empoderamiento de las mujeres; fortalecimiento institucional, lucha contra la corrupción, reducción de la pobreza, crimen organizado transnacional, transparencia en procesos electorales, derecho a la información y libertad de expresión, derechos humanos y protección especial a minorías y grupos en situación de vulnerabilidad.
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